Mayo, mes crucial para la educación
Hoy es el primer día hábil de un mes que suele ser indicador de la salud del sistema educativo estatal. Si bien, hay conmemoraciones importantes de los principales agentes educativos, tales como el Día de la Madre, el Día del Trabajo, el Día del Maestro, el Día del Estudiante, el aniversario de la fundación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, entre otros, también hay tradiciones calendarizadas en torno a reivindicaciones inconclusas para el magisterio michoacano, relacionadas con derechos laborales transgredidos, por lo que, en torno al Día del Maestro, se entregan pliegos petitorios a las autoridades educativas estatales.
Particularmente, este mes parece será más complejo, por la magnitud de las demandas que han hecho públicas las expresiones gremiales disidentes en la entidad, relacionadas con el sistema de carrera para las maestras y maestros, la promoción vertical igualitaria para trabajadores estatales respecto a los federales y la abrogación del sistema de pensiones mediante el sistema de asociaciones de fondos para el retiro, entre otras consignas, las cuales son exigencias de mayor escala que las enarboladas en años anteriores recientes. Estas demandas constituyen banderas legítimas, que al ser enarboladas por la disidencia magisterial les han insuflado nueva vida, recuperando poder de movilización, convocatoria y credibilidad entre los trabajadores de la educación en la entidad, toda vez que la discursada revalorización docente no se ha concretado en los hechos, a casi siete años de estarse mencionando.
Es decir, en este mes se demostrará la solidez del sistema educativo estatal en diversos ámbitos, mientras la problemática persiste. Si bien, se han dado primeros pasos en torno a diversas cuestiones, los resultados más transformadores aún siguen estando en lista de espera. Los programas insignia federales en materia educativa están relacionados con la transferencia de recursos, a través de becas y apoyos sociales, mientras que, en Michoacán, prácticamente se replican, sin que a la fecha haya un solo programa estatal propio de alcance universal en materia educativa.
Por ejemplo, la opacidad en el manejo de recursos subsiste. Esta semana se dictaminó y se aprobó en el Congreso del Estado la Cuenta Pública 2023 del gobierno estatal, donde se plasma que diversas unidades programáticas presupuestales incurrieron en irregularidades crasas, como el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, el Instituto Tecnológico de Coalcomán y el de Los Reyes; quienes no entregaron la información requerida; así también, se manifiestan subejercicios presupuestales y falta de información actuarial, sobre bienes muebles e inmuebles, entre otras más. Así también, se manifiestan cientos de hallazgos y observaciones realizadas a la información de dependencias educativas.
Otros problemas continúan, como la recuperación postpandemia, aún inacabada. A pesar del tiempo transcurrido desde la pandemia de COVID-19, Michoacán enfrenta una recuperación educativa fragmentada. Persiste la opacidad respecto a posibles lagunas significativas en el aprendizaje de competencias básicas, especialmente en matemáticas y comprensión lectora, aún por mensurarse, toda vez que no se han aplicado pruebas al respecto, pudiendo estar aún alejados los estudiantes de alcanzar los niveles esperados según su grado escolar, con posibles disparidades alarmantes entre zonas urbanas y rurales.
Esta situación viola el derecho a una educación de excelencia, universal e inclusiva, como lo señala el Artículo Tercero Constitucional, así como el derecho a la igualdad de oportunidades educativas, contemplado también en la Ley General de Educación, así como los derechos de desarrollo pleno e inclusión establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. La recuperación desigual perpetúa ciclos de marginación para los estudiantes más vulnerables. Para su resolución, se requieren programas intensivos de nivelación académica con enfoque diferenciado según contextos; diagnósticos precisos por región y grupo poblacional; formación docente específica para atender rezagos; mayor inversión en materiales educativos adaptados; y estrategias de acompañamiento socioemocional para estudiantes afectados por la pandemia.
Paralelamente, persiste la infraestructura física educativa precaria, insuficiente y deteriorada en la entidad federativa. Un porcentaje significativo de planteles educativos en Michoacán presenta condiciones físicas deplorables que obstaculizan el aprendizaje. Por lo menos, la tercera parte de las escuelas públicas en el estado posee infraestructura en estado crítico, con servicios básicos deficientes, como agua, electricidad, sanitarios, drenaje, espacios inseguros, mobiliario obsoleto y ausencia de áreas adecuadas para actividades deportivas y artísticas. Las regiones de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha podrían concentrar la mayor cantidad de escuelas en estas condiciones.
El deterioro infraestructural es resultado de décadas de subinversión sistemática, agravada por la incorrecta aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y otros instrumentos financieros destinados a infraestructura educativa. Los sismos de 2017 y 2020 dañaron numerosos planteles cuya reconstrucción quedó inconclusa. Adicionalmente, programas como «La Escuela es Nuestra» han tenido implementación irregular en el estado.
Con ello se transgrede el constitucional derecho a aprender en entornos dignos y seguros, el derecho a la salud y seguridad en espacios educativos, mencionado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el derecho a la accesibilidad física para estudiantes con discapacidad, enunciado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Resolver esta problemática requiere un plan estatal emergente de rehabilitación escolar con presupuesto etiquetado; creación de un sistema transparente de priorización basado en diagnósticos técnicos; participación comunitaria efectiva en la supervisión de obras; revisión de normatividad para agilizar procesos constructivos; y mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de recursos destinados a infraestructura.
Al mismo tiempo, al llegar a mayo, Michoacán enfrenta tasas alarmantes de abandono escolar en el nivel medio superior, con indicadores que superan la media nacional. El fenómeno podría ser particularmente más grave en municipios con altos índices de marginación y en zonas con presencia del crimen organizado. Esta situación trunca trayectorias educativas y limita las oportunidades futuras de miles de jóvenes michoacanos.
Los factores concatenados al respecto pueden ser diversos, por ejemplo, la pandemia que alejó a muchos estudiantes de las aulas, seguido por la crisis económica que forzó a numerosos jóvenes a incorporarse prematuramente al mercado laboral, y finalmente el deterioro de la seguridad pública que ha convertido el trayecto a centros educativos en un riesgo en diversas regiones. Los programas de becas universales han sido insuficientes para contrarrestar estos factores.
Esta situación vulnera el derecho a la educación obligatoria completa, mencionada en el Artículo Tercero Constitucional), el derecho al desarrollo pleno de la personalidad y preparación para la vida adulta, contemplada en la Ley General de Educación y el derecho a la protección contra la explotación económica y trabajos perjudiciales, que aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por lo anterior, es imperativo implementar sistemas de alerta temprana para identificar estudiantes en riesgo; crear programas de reincorporación flexibles con opciones semipresenciales; fortalecer los incentivos económicos focalizados; desarrollar estrategias de acompañamiento tutorial personalizado; mejorar la pertinencia curricular vinculada con el contexto local y establecer mecanismos de seguridad para el traslado de estudiantes en zonas conflictivas.
Por si fuera poco, la violencia e inseguridad han permeado significativamente el ámbito educativo en Michoacán, convirtiendo numerosas escuelas en espacios vulnerables. En múltiples planteles, principalmente en regiones como Tierra Caliente, Apatzingán, Uruapan y zonas periféricas de Morelia se reportan incidentes que afectan directamente la dinámica escolar: extorsiones a directivos, reclutamiento de estudiantes por grupos delictivos, narcomenudeo en perímetros escolares, amenazas a docentes y suspensiones frecuentes de clases por enfrentamientos armados cercanos. Incluso, ya se ha llegado al cierre de planteles por cobro de piso.
La infiltración del crimen organizado en comunidades educativas michoacanas se ha intensificado, pero alcanzó niveles críticos tras la pandemia. La debilidad institucional, la normalización de la violencia y la falta de coordinación entre autoridades educativas y de seguridad han permitido que grupos delictivos ejerzan control territorial incluyendo zonas escolares. Los protocolos de seguridad escolar implementados han sido reactivos, desarticulados y generalmente ineficaces ante la magnitud del problema.
Esta situación viola flagrantemente el derecho constitucional a la educación en entornos seguros y libres de violencia; el derecho a la protección contra toda forma de violencia, que subraya la Convención sobre los Derechos del Niño; el derecho al desarrollo integral en ambientes de paz, mandatado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y el derecho fundamental a la vida e integridad física.
Urge la implementación de estrategias integrales de seguridad escolar con participación comunitaria; protocolos específicos de prevención y actuación ante situaciones de riesgo; formación especializada para comunidades educativas sobre construcción de paz; programas de resiliencia y atención psicosocial para estudiantes en contextos violentos; mecanismos anónimos de denuncia; y corredores seguros para el traslado de estudiantes.
Finalmente, el sistema educativo michoacano continúa mostrando serias dificultades para implementar efectivamente las transformaciones curriculares y administrativas derivadas de recientes reformas educativas federales. La transición hacia el nuevo marco curricular común ha sido irregular, generando confusión y aplicación heterogénea en los distintos subsistemas y regiones. Se ha sondeado que existen inconsistencias significativas entre lo establecido normativamente y las prácticas reales en aula, evaluación y gestión escolar.
Michoacán ha tenido históricamente una relación compleja con las reformas educativas federales. Factores como la fuerte presencia sindical disidente, la inadecuada contextualización de cambios curriculares a realidades locales, y la insuficiente formación continua y actualización para su implementación han generado resistencias y adaptaciones superficiales. Adicionalmente, la frecuente rotación de funcionarios educativos estatales ha impedido dar continuidad a los procesos de transformación, quedando muchas iniciativas en fase declarativa sin concretarse en cambios sustantivos.
Esta situación compromete el derecho constitucional de los estudiantes a recibir una educación alineada con los principios y estándares nacionales, el derecho a la progresividad educativa, que estipula la Ley General de Educación; el derecho a la certidumbre pedagógica; y el derecho a una formación integral con reconocimiento nacional que facilite la movilidad educativa entre entidades federativas.
Es inaplazable la construcción de un programa estatal articulado de implementación gradual con hitos verificables; formación intensiva a directivos como agentes de cambio; materiales de apoyo contextualizados; procesos de acompañamiento pedagógico in situ; mecanismos de retroalimentación que permitan ajustes pertinentes; sistemas de reconocimiento a buenas prácticas implementadas; y espacios de diálogo constructivo entre autoridades y comunidades escolares.
En suma, hay mucho por hacer en mayo: no podemos dejar pasar este mes sin generar cambios estructurales en el sistema educativo estatal. Dejarse llevar por la inercia sólo perpetúa los problemas. Hay que anticiparse y construir soluciones Levantemos la voz por un mayo digno en el sistema educativo de Michoacán. Nuestros hijos lo merecen.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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