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GENERAL ESCOBEDO, NL., 18 de junio de 2025.- La polémica por los cobros escolares continúa creciendo en Nuevo León, luego de que padres de familia de distintos niveles educativos —preescolar, primaria y secundaria— denunciaran públicamente que se les está exigiendo una aportación voluntaria como condición para el ingreso de sus hijos a clases o eventos escolares.
De acuerdo con testimonios, la supuesta cuota voluntaria es de 800 pesos por alumno, y en caso de tener dos hijos inscritos, se reduce a mil 200 pesos. Sin embargo, padres aseguran que no se trata de una aportación opcional, ya que si no se realiza el pago, se impide el acceso al plantel o la participación en actividades escolares.
El caso más reciente ocurrió en el Jardín de Niños Profesor Tiroteo L. Hernández, ubicado en el municipio de Escobedo, donde varios padres denunciaron que los directivos del plantel, presuntamente advirtieron que ningún alumno podrá asistir a la ceremonia de graduación si sus tutores no han cubierto la cuota correspondiente.
“No nos quieren dejar entrar a la graduación de nuestros hijos si no pagamos. Esto no es justo, se supone que la educación es gratuita”, declaró una madre inconforme.
Aunque las escuelas señalan que se trata de cuotas voluntarias a las sociedades de padres de familia, los denunciantes afirman que en la práctica son cobros obligatorios, ya que sin el comprobante de pago y la carta de asignación, los menores no son admitidos o son excluidos de actividades escolares.
Además, acusan que algunos planteles no emiten factura ni recibo oficial, lo que cuestiona la legalidad de estos cobros.
Fuentes cercanas a autoridades municipales y estatales confirmaron que se están revisando los protocolos de planteles donde se han reportado estas irregularidades y que se realizarán visitas de inspección para verificar si existe sustento legal y transparencia en las cuotas solicitadas.
A pesar de las crecientes denuncias, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León aún no ha emitido una postura oficial ni comunicado alguno.
Padres y colectivos han advertido que estas prácticas violan el artículo 3° de la Constitución, que establece la gratuidad de la educación pública, así como la Ley General de Educación que prohíbe condicionar el servicio educativo al pago de cuotas.
Ante la gravedad de los señalamientos, se hace un llamado urgente a las autoridades a intervenir y garantizar el acceso libre e igualitario a la educación básica para todos los menores del estado.
“Queremos respuestas y acciones, no más excusas. La educación es un derecho, no un negocio”, subrayaron padres afectados.