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MONTERREY, NL., 6 de julio de 2025.- Con un cumplimiento del 96 por ciento, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León cerró con éxito el periodo de presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2025, reflejando el alto compromiso de las y los servidores públicos con la transparencia y la rendición de cuentas.
La contralora general, María Teresa Herrera Tello, destacó que este porcentaje representa un récord histórico, superando los niveles de años anteriores: en 2022 se logró un 92 por ciento, mientras que en 2023 y 2024 se alcanzó un 95 por ciento.
El resultado positivo, señaló la funcionaria, se debe a la implementación de estrategias específicas como el uso del programa Declaramóvil, sesiones de capacitación personalizadas en distintas dependencias, así como una amplia campaña de comunicación que fortaleció las habilidades del personal para cumplir con esta obligación legal sin contratiempos.
“Nos dimos a la tarea de hacer el llamado a las personas servidoras públicas mediante campañas y herramientas prácticas para facilitar el proceso. Personal de la Dirección Jurídica acudió directamente a dependencias como Educación, Seguridad Pública y Agua y Drenaje, entre otras, donde aclararon dudas y brindaron apoyo directo”, explicó Herrera Tello.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el periodo oficial para presentar la declaración es durante el mes de mayo. Sin embargo, debido a la alta demanda registrada en el sistema, el plazo se amplió por 30 días adicionales, concluyendo el pasado 30 de junio.
La Contralora reiteró que cumplir con esta obligación no solo es un acto administrativo, sino una muestra del compromiso institucional con la integridad: “nos da muchísimo gusto que las personas servidoras públicas le estén dando la importancia que merece el tema de la transparencia”.
Finalmente, recordó que el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial puede derivar en sanciones, que van desde amonestaciones públicas o privadas, suspensión temporal, inhabilitación, e incluso la destitución del cargo.
Con este resultado, el Gobierno de Nuevo León consolida su compromiso por fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y garantizar una administración pública ética y transparente.