Proponen castigar con cárcel fraudes en preventas inmobiliarias en Nuevo León

MONTERREY, NL., 27 de agosto de 2025.- Ante el creciente número de fraudes en preventas de departamentos en el estado, el Congreso local prepara una iniciativa para tipificar como delito penal la oferta y venta de desarrollos habitacionales sin permisos municipales ni avances reales de obra.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente, dio a conocer que la propuesta buscará regular de manera más estricta las preventas inmobiliarias, y garantizar la certeza jurídica a los compradores.

“Yo tengo un contrato del 2017 y otro del 2019, y no se ha puesto ni un block en ninguno de los dos edificios. Lo he vivido en carne propia. Es un tema que traemos en la agenda”, afirmó el legislador.

Actualmente, explicó, los desarrolladores suelen firmar contratos de oferta con los interesados en adquirir un departamento, pero pueden retirarse en cualquier momento sin que exista garantía de reembolso o avance del proyecto.

La iniciativa incluirá dos puntos clave: prohibir preventas sin autorización municipal previa, así como registrar a los compradores como inversionistas dentro del padrón del proyecto ofertado.

“Ya tenemos un preacuerdo con las cámaras inmobiliarias. Ellos mismos reconocen que existe competencia desleal de quienes hacen negocios fuera de la legalidad”, añadió De la Fuente.

El legislador señaló que la reforma será presentada en el segundo año de la actual Legislatura, y que ya han comenzado conversaciones con alcaldes para asegurar que los municipios participen en la regulación.

“Nadie debería poder hacer una preventa sin tener los permisos en regla. Y vamos más allá: debe considerarse un delito penal si alguien ofrece un desarrollo inexistente”, subrayó.

Además, explicó que una de las prácticas frecuentes de los desarrolladores señalados es decir que no están vendiendo propiedades, sino recibiendo ofertas de parte de los interesados, lo que deja en un limbo legal a los compradores.

“Lo único que puede existir en ese momento es un esquema de inversión clara, regulada y con transparencia. Si no hay permisos ni obra iniciada, no debe permitirse la promoción ni comercialización de esos inmuebles”, concluyó.

Con esta reforma, el Congreso busca proteger a los ciudadanos y poner fin a una práctica que ha dejado sin patrimonio a decenas de familias.