Diputados proponen excluir a Agua y Drenaje del pago del impuesto verde

MONTERREY, NL., 3 de marzo de 2026.- Los diputados locales Javier Caballero Gaona y Carlos de la Fuente Flores presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para evitar que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey continúe pagando el denominado impuesto verde al Gobierno estatal.

Caballero Gaona, legislador del Partido Revolucionario Institucional y representante del Congreso ante el Consejo de Administración de la paraestatal, explicó que durante 2025 el organismo erogó mil 300 millones de pesos por este gravamen.

“Acabamos de presentar una iniciativa que reforma a la Ley de Hacienda al ver que se vuelve a pagar este impuesto verde en el 2025 por parte de Agua y Drenaje, para que los organismos paraestatales, que su ley así lo marca, no deben de pagar estos impuestos verdes, que este año representaron otros 1 mil 300 millones de pesos en la erogación de esta paraestatal y que es la respuesta del por qué están viviendo esta crisis financiera”, apuntó en entrevista.

La propuesta contempla adicionar un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado, con el objetivo de establecer de manera expresa que las instituciones, dependencias u organismos públicos descentralizados o autónomos que por ley estén exentos del pago de impuestos federales o estatales no estarán sujetos al pago de los gravámenes previstos en dichos artículos.

En otro momento, Caballero Gaona sostuvo que el Consejo de Administración ha recomendado en diversas ocasiones no cubrir el impuesto verde al considerar que no corresponde a la naturaleza jurídica de la paraestatal.

“Además, es importante mencionar que en la sesión de septiembre u octubre, el Consejo le recomendó y le ordenó a Agua y Drenaje dejar de pagar este impuesto hasta que no se agotaran todas las instancias legales y una violación más al tema por lo que consideramos prudente esta modificación”, enfatizó.

Los legisladores también solicitaron a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León que, en la revisión de la cuenta pública 2025, analice la legalidad de los pagos realizados y el posible incumplimiento de los acuerdos del Consejo del organismo, y que en su caso determine las responsabilidades correspondientes.