Exigen frenar presa Rompe Picos II Caracol y solicitan consulta pública

MONTERREY, NL., 16 de julio de 2025.- El colectivo Un Río en el Río solicitó formalmente al Gobierno Federal y al Gobierno de Nuevo León detener la construcción de la presa Rompe Picos II, conocida como Caracol, al considerar que representa una amenaza para el ecosistema de la Sierra de La Huasteca.

La organización ambientalista también pidió que se lleve a cabo una consulta pública antes de continuar con las obras.

Durante una movilización pacífica y con la entrega de una solicitud formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los activistas denunciaron que el proyecto, promovido por personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, carece de un enfoque integral de restauración ambiental y podría causar afectaciones graves a la biodiversidad y calidad del agua en la zona.

“Demandamos que se frene de inmediato la construcción de la presa. Esta región ya fue severamente afectada por incendios forestales en años recientes. Lo que se necesita es reforestación, no más infraestructura invasiva”, declaró Zuleima Rincón, vocera del colectivo.

Los manifestantes, portando lonas con mensajes como “no a la construcción, sí a la protección”, señalaron que, si bien la obra está pensada para contener aguas pluviales, su ejecución sin medidas naturales de mitigación podría provocar daños irreversibles en un ecosistema vulnerable como lo es La Huasteca.

“Una cortina de concreto no basta. Es urgente implementar soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación masiva, recuperación de suelos y creación de bosques urbanos que contribuyan de forma sustentable al control hídrico”, subrayó Rincón.

El colectivo recordó que aunque la primera presa Rompe Picos tuvo cierto efecto conteniendo escurrimientos durante tormentas como Alex y Alberto, alternativas menos invasivas podrían cumplir la misma función: “un bosque urbano bien planificado en La Huasteca tendría una capacidad natural de absorción que, además de proteger, regeneraría el medio ambiente”.

De acuerdo con la legislación ambiental, Semarnat tiene un plazo de cinco días hábiles para responder a la petición de consulta pública. Si se acepta, se abriría un proceso participativo en el que expertos, ciudadanos y organizaciones civiles podrán opinar y debatir sobre la viabilidad del proyecto.

Finalmente, Zuleima Rincón advirtió que experiencias en otras regiones, como las recientes inundaciones en Texas, muestran los riesgos de favorecer infraestructura gris sin respetar los equilibrios naturales.

“En Texas se invirtió en concreto, no en árboles, y eso contribuyó a las inundaciones. No podemos repetir ese error en Nuevo León”, concluyó.