Calor y bochorno marcarán este jueves en Nuevo León
MONTERREY, NL., 4 de agosto de 2026.- Los casos recientes de personas lesionadas por perros en Nuevo León volvieron a encender el debate sobre la responsabilidad de los propietarios, en un estado donde las mordeduras continúan acumulándose por miles cada año. Aunque cada ataque suele viralizarse como un hecho aislado, las cifras oficiales muestran que el problema es constante y apunta a un patrón repetido: perros sin supervisión, sueltos en la vía pública o bajo control insuficiente de sus dueños.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal, Nuevo León acumula dos mil 616 personas atendidas por mordedura de perro hasta la semana epidemiológica más reciente de 2026. El reporte oficial detalla que mil 420 víctimas fueron hombres y mil 196 mujeres, mientras que 62 casos se registraron tan sólo en la última semana reportada.
El mismo cuadro epidemiológico muestra que durante 2025 Nuevo León acumuló 2 mil 509 casos, por lo que el estado ya superó la cifra del año anterior aun cuando 2026 no ha concluido.
A nivel nacional, entidades como Estado de México (8,957), Ciudad de México (6,954), Puebla (4,833) y Jalisco (4,756) concentran los mayores registros; sin embargo, Nuevo León se mantiene entre los estados con más atenciones por mordedura de perro en el país.
Más allá del número, las autoridades sanitarias advierten que cada mordedura puede implicar infecciones bacterianas, tratamiento antirrábico, incapacidades temporales y gastos médicos considerables, especialmente cuando las lesiones requieren suturas, cirugía o seguimiento especializado.
En las últimas semanas, distintos reportes de ataques ocurridos en zonas habitacionales y espacios públicos del área metropolitana generaron preocupación entre vecinos y usuarios de parques. En varios de esos casos, testigos señalaron que los animales no portaban correa o escaparon del control de sus propietarios, un elemento que suele repetirse en este tipo de incidentes.
La discusión pública, sin embargo, ha comenzado a cambiar de enfoque: la conducta del dueño pesa tanto o más que la raza del animal. Especialistas en bienestar animal sostienen que factores como la falta de socialización, el abandono parcial, la ausencia de adiestramiento y el manejo irresponsable son determinantes en muchos episodios de agresión.
En Nuevo León, cuando un perro lesiona a una persona, la responsabilidad puede escalar en varios niveles. El Reglamento de Protección y Bienestar Animal de Monterrey obliga a que los perros permanezcan bajo control de su propietario y sujetos con correa en la vía pública, parques y áreas comunes, salvo en zonas especialmente habilitadas para que puedan estar libres. Cuando un propietario incumple estas medidas, la autoridad municipal puede imponer multas que van de 5 a 100 UMAs, además de otras medidas de seguridad.
En términos prácticos, sacar a un perro sin correa en Monterrey puede derivar en multas que van de 565 hasta los 11 mil 314 pesos (dependiendo de si el animal deambula sin control, representa peligro para terceros o existe reincidencia), además de otras medidas como el aseguramiento preventivo o el resguardo temporal del animal cuando represente un riesgo para terceros.
Cuando un perro ataca y provoca lesiones, la responsabilidad no termina con la multa municipal. En Nuevo León, el propietario puede ser obligado a cubrir todos los daños ocasionados a la víctima, incluyendo consultas médicas, medicamentos, estudios, cirugías, rehabilitación, terapias, pérdida de ingresos por incapacidad temporal o permanente e incluso una compensación por daño moral, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de las secuelas físicas o emocionales que haya sufrido la persona afectada.
Además, si las heridas son graves, ponen en riesgo la vida o existe evidencia de negligencia por parte del dueño, como permitir que el perro permaneciera suelto o sin supervisión adecuada, el caso puede derivar en una investigación por lesiones culposas. Especialistas en materia civil y administrativa advierten que, en estos escenarios, la indemnización puede superar ampliamente los 11 mil 314 pesos que alcanza la multa municipal máxima, ya que la reparación del daño contempla gastos médicos futuros, terapias, incapacidad laboral y otros conceptos derivados del ataque.
El incremento de estos casos llevó al Gobierno de Nuevo León a impulsar la iniciativa denominada “Ley Rocky”, presentada el 23 de julio ante el Congreso local con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes ejerzan violencia o crueldad hacia los animales.
La propuesta plantea elevar hasta 12 años de prisión las penas por maltrato animal, además de crear el Registro Estatal de Maltratadores y Abusadores de Animales (REMA), en el que quedarían inscritos quienes reciban una sentencia firme por este tipo de delitos.
Aunque la iniciativa está enfocada principalmente en combatir el maltrato animal, el Gobierno estatal ha vinculado la propuesta con la necesidad de fortalecer la tenencia responsable y prevenir situaciones de riesgo derivadas del abandono, la agresividad no atendida y el manejo inadecuado de mascotas.
Con dos mil 616 mordeduras registradas en lo que va de 2026, Nuevo León enfrenta un problema que rebasa los hechos virales o las discusiones sobre razas consideradas peligrosas. Las cifras del Sinave muestran que las agresiones por perros siguen ocurriendo de manera constante y que, en muchos casos, están asociadas a fallas en el control, supervisión y manejo responsable por parte de los propietarios.
Mientras las autoridades municipales mantienen sanciones que pueden alcanzar 11 mil 314 pesos, especialistas advierten que el verdadero costo de un ataque puede ser mucho mayor cuando existen lesiones graves, tratamientos prolongados o secuelas permanentes para las víctimas. Así, el debate no gira únicamente en torno a qué perro atacó, sino a qué tan responsable fue el dueño para evitar que ocurriera.




