Proponen crear registro nacional para reubicar industrias contaminantes

MONTERREY, NL., 27 de febrero de 2026.- La diputada federal Iraís Reyes presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el objetivo de crear un marco jurídico que permita identificar y reubicar industrias de alto impacto ambiental que operan en zonas habitacionales.

La legisladora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León señaló que el crecimiento urbano desordenado ha provocado que industrias contaminantes o que manejan residuos peligrosos queden rodeadas de viviendas, escuelas y centros de trabajo.

“En Monterrey lo vemos a diario con empresas como Zinc Nacional y Ternium; prácticamente en cada municipio del área metropolitana existen ejemplos similares”, afirmó.

La propuesta plantea incorporar en la ley una definición clara de “industria de alto impacto ambiental”, basada en criterios técnicos como emisiones, descargas, generación de residuos peligrosos y riesgos sanitarios comprobables.

Asimismo, contempla la creación del Registro Nacional de Industrias de Alto Impacto Ambiental en Áreas Urbanas, que estaría a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con facultades para emitir recomendaciones vinculantes y activar procedimientos de reubicación cuando exista un riesgo acreditado.

De acuerdo con la iniciativa, estos procesos incluirían planes de mitigación, plazos definidos y medidas de apoyo para la transición laboral y productiva, con el fin de proteger la salud pública sin frenar la actividad económica.

Reyes subrayó que el objetivo es garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, otorgando al mismo tiempo certeza jurídica a las empresas mediante decisiones sustentadas en evidencia científica y sanitaria.

El proyecto también establece que los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial deberán integrar criterios técnicos para evaluar la compatibilidad del uso de suelo, definir zonas aptas para la relocalización industrial y asegurar la participación ciudadana bajo principios de justicia ambiental.