Afores en la mira del gobierno: los riesgos del uso político de los fondos para el retiro

MONTERREY, NL., 10 de noviembre de 2025.- El sistema de ahorro para el retiro (SAR) alcanzó una cifra histórica de 10.4 billones de pesos administrados por las Afores al cierre de septiembre de 2025, monto que equivale al 21.7% del Producto Interno Bruto nacional. Este volumen sin precedentes ha despertado preocupación entre analistas financieros ante el riesgo de que el gobierno federal intente utilizar esos recursos para sostener sus programas sociales.

De acuerdo con estimaciones, los 10.4 billones de pesos representarían hasta una década de financiamiento para los programas sociales, cuyo gasto anual ronda el billón de pesos anual. Para una administración que ha basado buena parte de su capital político en las transferencias directas, las Afores representan un objetivo fiscalmente atractivo.

Aunque los recursos son propiedad de los trabajadores, distintos analistas señalan que el Ejecutivo podría buscar mecanismos regulatorios o jurídicos para intervenir el sistema, argumentando una redistribución más “justa” o una administración “más eficiente” de los fondos.

El historial de reformas al SAR durante los gobiernos de la 4T refuerza estas preocupaciones. En 2020 se impusieron topes a las comisiones y se elevó la aportación patronal; en 2024 se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, integrado con recursos de cuentas “inactivas”. En ambos casos, los cambios redujeron la autonomía y rentabilidad de las administradoras privadas.

A lo anterior se suman factores estructurales: 31 millones de trabajadores en la informalidad, retiros parciales por desempleo en aumento y controles regulatorios que limitan la competencia entre Afores. Todo ello, advierten expertos, puede ser parte de una estrategia gradual para centralizar el control de los recursos.

Los especialistas identifican cuatro riesgos principales: motivaciones electorales, baja confianza en la gestión pública, falta de sostenibilidad y pérdida del ahorro individual. En un contexto de presiones fiscales y políticas, el riesgo sobre el destino de los fondos de retiro es cada vez más real.