Alarma a SIP nuevas formas de censura judicial y legal en México

MONTERREY, NL., 22 de julio de 2025.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación ante una serie de hechos recientes en México que, advierte, configuran un patrón creciente de censura a través de resoluciones judiciales, reformas legislativas y presiones administrativas que amenazan seriamente la libertad de expresión.

En un pronunciamiento oficial, la organización señaló que estas acciones, registradas en diversos estados del país, representan una forma de “instrumentalización del aparato judicial y legislativo para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.

Entre los casos más alarmantes, la SIP destaca:

• Campeche: Un tribunal local prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez referirse a la gobernadora Layda Sansores, y ordenó al medio Tribuna Campeche someter sus contenidos a revisión previa por un interventor judicial. La SIP denunció que esto constituye censura previa, prohibida por la Constitución mexicana y los estándares internacionales, incluso después de que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción previa contra el mismo periodista.
• Puebla: Se reformó el artículo 167 del Código Penal para ampliar los delitos de ciberacoso e introducir la figura de “violencia digital”, castigando con prisión la publicación de contenidos que “afecten la dignidad” de una persona. La SIP advierte que esta redacción ambigua podría usarse para perseguir a periodistas, activistas y ciudadanos críticos de autoridades.
• Ciudad de México: El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio La Silla Rota entregar documentos, videos y fuentes relacionadas con una investigación sobre supuestos “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio. La amenaza de una multa de casi 11 millones de pesos por no acatar la instrucción fue calificada como una forma de “presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico”.

A estos casos se suma una orden del Tribunal Electoral de Tamaulipas que obligó al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal a retirar una columna crítica, tras una demanda impulsada por una candidata local. Según la Alianza de MediosMx, el INE colaboró en este proceso entregando al tribunal datos personales del periodista.

Además, la periodista Laura Brugés también fue requerida para revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos acordeones, en contradicción con las leyes que protegen el secreto profesional en México.

“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, alertó que estos precedentes “institucionalizan el silencio”.

“Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio”, afirmó.

“Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.

De acuerdo con el Índice Chapultepec de la propia SIP, México se encuentra entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el continente, con un entorno marcado por impunidad, violencia y ahora, censura legal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la censura previa es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La SIP, organización sin fines de lucro con sede en Miami y compuesta por más de mil 300 medios del hemisferio occidental, reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa en las Américas.