Las dudas del caso Carlos Aguirre

Durante años, el poderoso empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez y Rosa María Rubio Zepeda tuvieron un matrimonio feliz. Se casaron en 2009; él tenía cuatro hijos de un matrimonio anterior y ella a una pequeña niña de 6 años. Crearon una gran familia, ampliamente reconocida y popular entre las altas esferas sociales, políticas y empresariales del país.

Carlos —quien fuera dueño y director general de Grupo Radio Centro e hijo de Francisco Aguirre Jiménez, fundador del grupo radiofónico— y Rosa María se convirtieron de inmediato en un enérgico equipo muy competitivo en la industria de los medios electrónicos de comunicación. Juntos, trabajaron para expandir el liderazgo de Radio Centro.

El 13 de septiembre de 2020, Carlos falleció; tres meses después, sus hijos denunciaron a Rosa María por supuestamente privarlo de su libertad, despojarlo de su fortuna y ordenar su homicidio. A finales de marzo pasado, casi seis años después de la muerte de su esposo, ella fue detenida en Miami por Interpol, a solicitud del gobierno mexicano.

Pero hay algo que no cuadra en esta historia —marcada por una feroz estrategia de comunicación para desprestigiar a Rosa María y empoderar, a contracorriente de la voluntad de Carlos, a los hijos—. Suena a una estrategia para arrebatar la herencia de un poderoso empresario que, durante los últimos 11 años de su vida, fortaleció su patrimonio al lado de su pareja.

Y sí, de acuerdo con la versión recogida por este columnista, los hijos de Carlos acusan a Rosa María de haberlo secuestrado durante más de una década. Esa versión enfrenta un vacío difícil de explicar: nunca existió una denuncia en vida ni hubo una intervención de autoridad alguna, y menos se documentó urgencia o alarma por quienes hoy se dicen víctimas indirectas.

Ayer, Sofía, hija de Rosa María —sí, la pequeña de 6 años que Carlos acogió en 2009 como hija propia—, subió un video a redes sociales donde cuestiona cómo pudo haber estado secuestrado su papá si tenía acceso a su celular, seguía siendo el director de una gran empresa y viajaba con su familia, amigos y todos sus hijos dentro y fuera de México.

“Yo crecí con ellos, crecimos como familia, crecimos en el amor”, dice Sofía en el video, mientras muestra decenas de fotografías que comprueban sus dichos. En las imágenes se ve al empresario conviviendo con su familia y amigos, en el Mundial de Futbol de 2018, en Miami y las Bahamas, siempre con su familia, hijos y amigos.

Cuestiona cómo alguien que está secuestrado viaja a Cleveland para atender su salud y luego añade que su mamá se dedicó a cuidarlo y amarlo. “Esto no solo es un insulto a la imagen de mi mamá, sino también a la imagen de mi papá… todos sabemos cómo se querían, siempre fueron un ejemplo de amor”, continúa Sofía.

Autoridades enteradas del caso me detallan que hay serias dudas sobre la acusación de los hijos contra Rosa María. Que la temporalidad en que se presentó la denuncia, tras la muerte de Carlos, puede ser el punto de partida para entender la verdadera naturaleza de este caso que ha cimbrado a la sociedad mexicana.

Me aseguran que había una fuerte y prolongada tensión entre Carlos de Jesús Aguirre y sus hijos del primer matrimonio, marcada por desacuerdos personales y financieros. Durante años, el empresario apoyó económicamente a su hijo Juan Carlos Aguirre Corcuera, quien recibió recursos significativos para emprender distintos negocios que quebraron.

Incluso después de esos fracasos, el apoyo continuó en gastos personales, incluyendo el pago de tarjetas de crédito y servicios cotidianos. Este historial no es un dato menor: permite dimensionar que la relación no solo estaba deteriorada, sino atravesada por dependencias económicas y conflictos no resueltos que anteceden por mucho a la denuncia penal.

Otro punto de esta trama que hace dudar sobre la veracidad de la acusación contra Rosa María es que el expediente no se construye a partir de testigos independientes ni de investigaciones externas, sino de los testimonios de quienes tienen un interés económico directo en el resultado:

Juan Carlos Aguirre Corcuera, denunciante principal, es heredero directo. Sofía Aguirre Corcuera, testigo clave, también lo es y Alejandra Aguirre Corcuera completa el mismo bloque familiar, con el mismo incentivo patrimonial. No se obtuvieron detalles sobre la posición de Cristina, la cuarta hija de Carlos, en esta trama. El objetivo, a seis años de la muerte de Carlos, parece ser el de revertir las decisiones que su propio padre tomó en vida.

Pero hay más: de acuerdo con la denuncia, Sofía Aguirre Corcuera sostuvo que, un día antes de su muerte, Carlos “se veía sano y bien de salud”. Se trata de una afirmación que contradice frontalmente la imagen de una persona sometida, incapacitada o en condiciones extremas de secuestro, y debilita la lógica interna de la acusación. Es una contradicción central.

De acuerdo con Sofía, la hija de Rosa María, su familia creció rodeada por los principios católicos de servir a los demás, y sí: Rosa María Rubio Zepeda tenía una vida pública destacada por su participación activa en causas sociales. Como vicepresidenta de la Asociación Civil Gilberto, ha trabajado durante años en la reconstrucción de viviendas y en el apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales.

Así pues, el fondo del caso no puede entenderse sin considerar el contexto patrimonial. Carlos Aguirre tomó decisiones en vida sobre su matrimonio, su entorno y la distribución de sus bienes. Esas decisiones no fueron aceptadas por sus hijos entonces, y hoy se intentan revertir por la vía penal.

De acuerdo con la versión recogida, los hijos de Carlos han optado por convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro; es una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal para forzar un resultado económico. La Fiscalía tiene ante sí un expediente construido sobre testimonios de personas con interés directo en el desenlace.

No existe un solo testigo imparcial en el núcleo de la acusación. Ese hecho no es accesorio ni técnico; es el elemento que define la credibilidad del caso. Lo que está en juego no es únicamente una acusación penal, sino la manera en que se utiliza el sistema de justicia en México.

Cuando los procesos penales se convierten en herramientas para resolver disputas familiares de carácter patrimonial, el riesgo no es solo para una persona, sino para la integridad misma del sistema. Ya lo vimos con el caso de Alejandra Cuevas, donde Alejandro Gertz la acusó de haber asesinado a su hermano Federico.

Lo que los denunciantes presentan como justicia es, en realidad, una disputa familiar trasladada a los tribunales. Una disputa que no se resolvió en vida y que ahora se intenta reabrir después de la muerte. Una disputa que busca reescribir decisiones ya tomadas. Esto no es justicia.

RADAR

RENUNCIA. El impresentable político tabasqueño, Jesús Alí de la Torre, renunció a su militancia en Morena —partido por el que accedió a ser parte del gobierno de uno de los mandatarios peor evaluados del país, Javier May—, acusando vicios, división y corrupción interna, incluyendo presuntos nexos con el crimen organizado.

Esta salida se da en medio de una profunda investigación en contra de Alí de la Torre —quien fuera el candidato del PRI que perdió Tabasco ante la izquierda— por el secuestro de un empresario en el Estado de México para arrebatarle un departamento que le rentaba en Polanco, a fin de venderlo para financiar sus aspiraciones políticas.

Si alguna fuerza política pretende rescatarlo para llevarlo al 2027, podría cometer uno de sus más grandes errores estratégicos en la historia política tabasqueña.

Un saludo para mis amigos de Quadratín