El increíble capítulo Taddei
La cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada esta semana en China, debía representar la culminación de un año de trabajo multilateral. Más de 300 reuniones, 10,000 participantes y diez encuentros ministeriales dedicados al comercio, la tecnología, la energía y el desarrollo económico. Sin embargo, bastaron poco más de 70 minutos de conversación entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para que la atención internacional se desplazara hacia las disputas de tres potencias.
La reunión trilateral fue presentada como un acontecimiento histórico. Y, en cierto sentido, lo fue. Pero su relevancia parece encontrarse menos en los resultados obtenidos que en la imagen proyectada: tres dirigentes discutiendo el futuro de la seguridad internacional mientras la agenda colectiva de otras economías quedaba relegada a un segundo plano.
La paradoja es evidente. APEC no fue concebida para resolver las guerras de Ucrania o Medio Oriente, sino para promover la cooperación económica entre sus integrantes. Sin embargo, terminó ofreciendo el escenario para discutir conflictos cuyas causas y responsabilidades exceden ampliamente a la mayoría de sus participantes. China, como anfitriona, quedó en una posición particularmente delicada: facilitar el diálogo sin permitir que la reunión trilateral definiera por completo el significado de la cumbre.
Tampoco puede ignorarse el valor político de las imágenes. Para Putin, el encuentro representa una oportunidad de proyectar interlocución internacional pese al aislamiento impuesto por buena parte de Occidente. Para Trump, refuerza su preferencia por una diplomacia de negociaciones directas entre dirigentes. Y para Xi Jinping, ofrece la posibilidad de presentarse como un interlocutor capaz de reunir a potencias enfrentadas.
Pero el problema trasciende la diplomacia de una cumbre. La declaración conjunta de los tres mandatarios incluyó cuestionamientos a la Corte Penal Internacional y propuestas de reforma a Naciones Unidas. Resulta significativo que tres países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y que no forman parte del Estatuto de Roma, coincidan en cuestionar mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
El contraste adquiere una dimensión adicional tras la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional, reconocida por su contribución a la paz y al derecho internacional. Mientras unas voces reivindican la importancia de las instituciones jurídicas internacionales, otras cuestionan su autoridad y buscan restringir su actuación.
No se trata de cuestionar la necesidad del diálogo entre potencias. En un escenario de conflictos armados y crecientes riesgos nucleares, resulta indispensable. Tampoco de asumir que las instituciones internacionales no necesitan reformarse. Muchas de ellas enfrentan problemas de representatividad, eficacia y legitimidad que requieren respuestas profundas.
La cuestión es distinguir entre los esfuerzos por fortalecer su funcionamiento y aquellas decisiones que, bajo el argumento de reformarlas, pueden terminar reduciendo su capacidad para actuar con independencia y limitar el ejercicio del poder.
Porque una institución no necesita desaparecer jurídicamente para dejar de cumplir su función. Puede conservar sus tratados, sus órganos y su estructura mientras pierde progresivamente los recursos, la autoridad o el respaldo político necesarios para hacer efectivos sus mandatos. Pero su supervivencia también conserva la posibilidad de recuperar y fortalecer aquello que se ha debilitado.
La cumbre de APEC deja así una pregunta que trasciende la reunión entre Trump, Xi Jinping y Putin: ¿estamos ante una crisis temporal de las instituciones internacionales que exige su transformación, o ante un cambio estructural del orden internacional en el que las grandes potencias buscan reducir los límites institucionales a su poder?




