Acusa Sandra Pámanes abuso de facultades en investigación del juicio político contra Samuel García

MONTERREY, NL., 30 de julio de 2026.- La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Sandra Pámanes Ortiz, acusó a la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, de exceder sus facultades al enviar 163 oficios a notarías públicas de Nuevo León para solicitar información sobre bienes inmuebles relacionados con el gobernador Samuel García y su familia, sin que dicha medida fuera aprobada por la Comisión.

La legisladora sostuvo que los requerimientos rebasan el Acuerdo de Diligencias de Investigación aprobado por los integrantes de la Comisión, el cual establecía de manera específica qué información podía solicitarse y a qué autoridades.

"Resulta evidente que la solicitud rebasa por completo los términos autorizados, exigiendo información que jamás fue sometida ni aprobada por la Comisión", afirmó.

Pámanes recordó que el acuerdo original contemplaba solicitudes de información a 69 dependencias, por lo que consideró que la ampliación a notarías públicas carece de sustento legal.

La diputada emecista argumentó que tanto el acuerdo aprobado como la legislación vigente constituyen el único marco legal para requerir información a terceros dentro del procedimiento de juicio político, por lo que cualquier actuación fuera de esos límites vulnera el debido proceso.

"No se trata de un error administrativo menor. Es una actuación arbitraria, fuera de todo marco legal, que convierte una investigación legislativa en una cacería política sin fundamento ni control", señaló.

Asimismo, advirtió que las diligencias derivadas de esos oficios podrían quedar sujetas a cuestionamientos jurídicos e incluso generar responsabilidades para quienes ordenaron dichas actuaciones.

Finalmente, exigió que la diputada Armida Serrato explique públicamente bajo qué atribuciones decidió ampliar el alcance de la investigación sin que esa determinación fuera discutida ni autorizada por la Comisión Anticorrupción.

"El uso del procedimiento de juicio político como instrumento de persecución política, al margen de la legalidad, no será tolerado", concluyó.