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MONTERREY, NL., 17 de diciembre de 2025.- El Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Civil del Estado para regular las preventas de viviendas y departamentos, medida que los legisladores calificaron como un primer paso para combatir los fraudes inmobiliarios y proteger el patrimonio de los ciudadanos.
La reforma deriva de una iniciativa presentada por el coordinador de la fracción del PAN, Carlos de la Fuente, y establece una definición clara de lo que se considera preventa, además de adicionar los artículos 1720 Bis, 1720 Bis 1, Bis 2, Bis 3, Bis 4, Bis 5 y Bis 6 al Código Civil.
En el artículo 1720 Bis se precisa que “se considera como preventa de compra inmobiliaria el ofrecimiento de compra de un bien inmueble respecto del cual, al momento del ofrecimiento, el titular del futuro bien inmueble no se encuentra en posibilidad jurídica de transmitir la propiedad por estar en proceso de construcción, urbanización o desarrollo, conforme a la Ley en materia de desarrollo urbano y no contar con la autorización de venta respectiva”.
Las reformas también establecen la información que deberán contener los documentos de preventa y señalan que la oferta no podrá realizarse si quien la emite no es titular de una licencia de construcción vigente para el desarrollo o inmueble que se ofrece.
Durante la discusión en el pleno, a favor del dictamen se pronunciaron legisladores de Movimiento Ciudadano, PT, PAN y Morena. José Luis Garza Garza, de Movimiento Ciudadano, explicó que aunque su bancada votó en contra del dictamen en la Comisión de Legislación, decidió cambiar el sentido de su voto en el pleno al reconocer la urgencia del problema.
“Expresamos el día de ayer en la Comisión de legislación, desde el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, diversas deficiencias en esta reforma, motivo por el cual, en su momento votamos en contra del dictamen, sin embargo, hoy hemos decidido modificar el sentido de nuestro voto, porque reconocemos que la problemática de las preventas inmobiliarias es real y urgente”, expresó.
Añadió que “en la práctica se presentan irregularidades, abusos y fraudes que afectan directamente a las personas que buscan acceder a una vivienda y consideramos que es necesario contar ya con un marco mínimo de protección”.
Por su parte, Carlos de la Fuente señaló que la iniciativa se trabajó con la colaboración de la Canadevi y la Caprovi, cámaras del sector inmobiliario, y subrayó que “estas reformas son un avance, es darle certeza jurídica a aquéllos que están buscando cómo tener un patrimonio para sus familias”.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, con 41 votos, aunque en lo particular se avaló por mayoría, luego de que una reserva presentada por el propio De la Fuente para modificar el artículo 1720 Bis 6 generara debate entre las bancadas.
Dicho artículo establece sanciones en caso de incumplimiento por parte del oferente o del destinatario de la oferta de preventa. La reserva fue rechazada por legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que el cambio pretendía proteger a los desarrolladores y no a los ciudadanos. En contra de la modificación se manifestaron las diputadas Marisol González y Sandra Pámanes.
De la Fuente argumentó que la reserva buscaba atender casos en los que los desarrolladores están listos para entregar los inmuebles, pero no pueden hacerlo por retrasos atribuibles a los municipios en la expedición de permisos, situación que, dijo, ya no depende de ellos.
Pese a las diferencias, los legisladores coincidieron en que la aprobación de estas reformas representa un avance inicial para atender una problemática que ha generado múltiples afectaciones a quienes buscan adquirir una vivienda mediante esquemas de preventa.




