Aprueban cárcel por traslado de votantes y uso electoral de programas sociales

MONTERREY, NL., 27 de mayo de 2026.- El Congreso de Nuevo León aprobó una nueva Ley en Materia de Delitos Electorales que contempla sanciones de cárcel para prácticas como el “acarreo” de votantes, el condicionamiento de programas sociales y otras conductas que afecten la legalidad de los procesos electorales.

La legislación fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado y aprobada por el Pleno tras el dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Con este nuevo marco jurídico se busca fortalecer las herramientas para investigar y sancionar delitos electorales en la entidad, además de actualizar conductas que no estaban contempladas o eran castigadas de forma limitada en la legislación federal vigente.

Durante la discusión, el diputado priista Javier Caballero Gaona destacó que la ley permitirá reforzar la capacidad de la Fiscalía Electoral para actuar ante irregularidades.

“Permitirá fortalecer la capacidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León para investigar y sancionar, disuadir las conductas que alteran el voto libre, generar confianza ciudadana en los resultados electorales y reafirmar el compromiso de Nuevo León con los principios constitucionales de legalidad, transparencia y equidad electoral”, expresó.

La nueva legislación establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes participen en el traslado masivo de votantes, utilicen empresas fantasma para justificar gastos de campaña, destruyan propaganda electoral o recluten extranjeros no documentados con fines proselitistas.

En el caso de servidores públicos, las sanciones podrían alcanzar de dos a nueve años de prisión e incluir inhabilitación cuando se condicionen programas sociales o servicios públicos con fines electorales, se presione a trabajadores subordinados o se implementen apoyos asistenciales durante campañas.

Además, la ley incorpora por primera vez figuras como aspirantes independientes, precandidatos y observadores electorales como posibles sujetos activos de delitos electorales.

También se tipifican conductas relacionadas con violencia política de género, incluyendo el acoso judicial o administrativo y el incumplimiento de medidas de protección hacia mujeres.

La nueva Ley en Materia de Delitos Electorales entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE).