Buscan que maestros puedan denunciar legalmente acoso y violencia escolar

MONTERREY, NL., 22 de agosto de 2025.- Ante la creciente preocupación por la seguridad de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma que permitiría al personal educativo denunciar directamente ante las autoridades los casos de acoso y violencia escolar que detecten dentro de los planteles.

Acompañada por la activista Silvia Luévanos, de la asociación Granito de Arena, la legisladora expuso que actualmente la ley limita al personal docente a seguir procedimientos internos de rehabilitación, lo que retrasa o impide una atención inmediata y legal en casos que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes.

“Los docentes están en la primera línea de contacto con la infancia, pero carecen de una herramienta legal que les permita actuar de inmediato. Con esta reforma buscamos que puedan convertirse en agentes activos de protección y no solo en observadores”, dijo Serrato.

La propuesta contempla la adición de un artículo 59 BIS a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, en el cual se establece la obligación del personal educativo de informar a la policía sobre hechos de acoso o violencia y colaborar plenamente con las investigaciones.

Por su parte, Luévanos señaló que esta reforma es una medida urgente ante los constantes casos de violencia que se registran en escuelas del país, y subrayó que el próximo 28 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrecerá una disculpa pública nacional por los casos de abuso sexual infantil que han ocurrido en instituciones educativas.

"Queremos escuelas donde el silencio no sea la norma y donde los docentes tengan no solo el deber moral, sino también el respaldo legal para proteger a sus estudiantes”, expresó.

La iniciativa presentada ante el Congreso local pretende reforzar el marco legal para que los entornos escolares sean seguros, libres de violencia y donde los derechos de la infancia y adolescencia estén plenamente garantizados.