Diputadas de NL rechazan posible regulación federal a medios y redes sociales

MONTERREY, NL., 29 de julio de 2026.- Diputadas locales de Movimiento Ciudadano y del PAN manifestaron su rechazo a una eventual iniciativa federal para regular a los medios de comunicación y las redes sociales, al considerar que una medida de ese tipo atentaría contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Por separado, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, y la legisladora panista Myrna Grimaldo Iracheta coincidieron en que una regulación de esa naturaleza significaría un retroceso democrático e, incluso, no descartaron promover movilizaciones ciudadanas para expresar su inconformidad.

Pámanes sostuvo que la propuesta buscaría proteger a los gobiernos emanados de Morena frente a cuestionamientos públicos y afirmó que el impacto no recaería únicamente en periodistas y medios de comunicación, sino en toda la sociedad.

"La gran amenaza es que se limite el derecho de las personas a estar informadas. No es un tema que afecte solamente a los medios de comunicación, sino a toda la ciudadanía", señaló la legisladora.

La coordinadora emecista consideró además que la sociedad civil debe participar activamente para impedir cualquier medida que restrinja la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por su parte, la diputada del PAN, Myrna Grimaldo, advirtió que limitar el trabajo periodístico y de investigación debilitaría la transparencia y afectaría uno de los pilares de la vida democrática del país.

La legisladora sostuvo que los medios de comunicación han sido fundamentales para que la ciudadanía conozca hechos de interés público y supervise el actuar de las autoridades, por lo que restringir su labor tendría consecuencias graves.

"No podemos mermar la libertad que tanto nos ha costado tener en este país; una servidora está dispuesta a hacer hasta donde tope para que esto no pueda suceder", expresó.

Grimaldo agregó que impulsará acciones y convocará a la participación de colectivos ciudadanos para concientizar sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría una reforma de este tipo y evitar que prospere cualquier iniciativa que pueda derivar en mecanismos de censura.