Anuncia Brenda Velázquez salida de Morena y su incorporación a MC en el Congreso de NL
MONTERREY, NL., 22 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó realizar mesas de trabajo en un plazo de dos semanas para analizar la viabilidad del programa de Alerta Catastral, implementado por el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL), el cual genera una recaudación estimada en 100 millones de pesos anuales.
El diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, explicó que el objetivo de estas mesas será identificar áreas de oportunidad y establecer mecanismos que permitan a las personas propietarias de bienes inmuebles vigilar de manera más eficaz su patrimonio.
“Cerca de 100 millones de pesos al año es lo que cobran por las alertas catastrales anuales. Nosotros tenemos la discrepancia de que no debiera de ser anual, sino que debiera durar mientras tú eres el propietario”, señaló el legislador.
Caballero también advirtió sobre una posible duplicidad de cobros, ya que al vender un inmueble, el nuevo propietario debe volver a pagar una alerta catastral. “Ahí hay un mecanismo que podría considerarse injusto”, apuntó.
El diputado priista subrayó que la correcta implementación del sistema requiere coordinación interinstitucional entre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, las áreas de Catastro estatal y municipales, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, así como los notarios públicos.
Caballero recordó que la problemática del despojo inmobiliario afecta principalmente a adultos mayores, personas ausentes o que residen fuera del estado o del país, quienes, por desconocimiento o falta de seguimiento presencial, son más vulnerables a fraudes o apropiaciones indebidas.
El legislador del Distrito 24 destacó que el sistema de alerta inmobiliaria puede ser una herramienta preventiva eficaz, pues permite a los propietarios recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento o trámite relacionado con sus inmuebles ante el Registro Público o dependencias municipales. La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria del Congreso local.




