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MONTERREY, NL., 20 de enero de 2026.- La Secretaria de la Mujer, Graciela Buchanan Ortega, hizo un llamado a evitar que los procedimientos relacionados con el Registro de Deudores Alimentarios se conviertan en una carga burocrática para las mujeres y los acreedores alimentarios, al advertir que la excesiva tramitología afecta de manera directa a niñas, niños y adolescentes.
Durante la mesa de trabajo Registro Estatal de Deudores Alimentarios, Buchanan Ortega señaló que uno de los principales retos es impedir que las personas que reclaman el cumplimiento de pensiones alimenticias tengan que acudir a múltiples dependencias, presentar documentos de manera reiterada o verse obligadas a contratar abogados, lo que en los hechos representa una forma de revictimización y un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia.
La funcionaria subrayó la necesidad de construir un sistema ágil, sencillo y coordinado, en el que el Poder Judicial, el DIF y las dependencias involucradas compartan información de manera directa, preferentemente mediante mecanismos digitales, para que los trámites puedan realizarse en una sola instancia y sin cargas innecesarias para las mujeres.
“Otra preocupación tengo que tiene que haber un sistema adecuado que no burocratiza estas acciones, porque si a las mujeres que están sufriendo la falta de administración de alimentos para sus hijos, se le hace una carga de tener que andar llevando papeles, sin tener que contratar un abogado, tener que ir a una dependencia, tener que ir a otra y tener que ir a otra. Entonces, quien es el sancionado, verdad, son los acreedores alimentarios”, expresó.
Buchanan Ortega advirtió que la falta de simplificación administrativa provoca que, en lugar de sancionar al deudor alimentario, se termine afectando a quienes dependen de esos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Por ello, insistió en la importancia de establecer convenios interinstitucionales que faciliten el intercambio de información, reduzcan tiempos y costos, y permitan que los derechos alimentarios se hagan efectivos de manera oportuna.
Asimismo, señaló que es indispensable contar con criterios claros y homologados dentro del Poder Judicial para la aplicación de resoluciones provisionales y definitivas en esta materia, a fin de evitar confusión y retrasos que impacten negativamente en los acreedores alimentarios.
Finalmente, reiteró que cualquier reglamentación o ajuste normativo debe tener como eje central el interés superior de la niñez, garantizando que los derechos alimentarios se cumplan de forma rápida, accesible y sin obstáculos burocráticos, y se pronunció por continuar construyendo un marco legal que priorice la protección real de quienes más lo necesitan.




