Ordena Suprema Corte al Congreso de NL legislar en materia de transparencia

MONTERREY, NL., 7 de abril de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad obligar al Congreso de Nuevo León a armonizar su legislación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales conforme a las reformas federales vigentes.

La resolución establece que el Poder Legislativo estatal deberá realizar las adecuaciones a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones posterior a la notificación de la sentencia, tras acreditarse una omisión legislativa.

La ministra Sara Irene Herrerías, encargada de la ponencia de la controversia constitucional 265/2025 promovida por el Ejecutivo estatal, señaló que el Congreso incumplió con su obligación de armonizar el marco jurídico desde el 17 de junio de 2025.

Indicó que dicho plazo venció sin que se realizaran las adecuaciones correspondientes, lo que constituye un incumplimiento a la Constitución y justifica declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa.

El fallo también vincula al Congreso local para que ajuste su normativa conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes generales en la materia.

La reforma federal contempla la desaparición de los organismos autónomos locales de transparencia, cuyas funciones en acceso a la información y protección de datos serían transferidas a los poderes ejecutivos estatales, con el objetivo de simplificar los procesos administrativos.

Dicha reforma entró en vigor el 21 de diciembre de 2024, mientras que las leyes generales en la materia fueron expedidas el 20 de marzo de 2025.

En Nuevo León, el Congreso ha señalado que el organismo local de transparencia dejaría de operar una vez que se concrete la reforma correspondiente. No obstante, un artículo transitorio permite que estos institutos continúen en funciones mientras se realizan los ajustes legales.

Durante la discusión, se incorporaron consideraciones de la ministra Loretta Ortiz, quien planteó la necesidad de profundizar en los efectos de la omisión legislativa, al considerar que puede vulnerar de manera directa las facultades del Ejecutivo estatal.

Asimismo, se sumaron observaciones del ministro Giovanni Figueroa, orientadas a fortalecer los argumentos relacionados con las causales de improcedencia dentro del análisis del caso.