Pide Congreso de NL liberar recursos contra violencia de género

MONTERREY, NL., 8 de julio de 2025.- Diputadas del Congreso del Estado de Nuevo León urgieron al Gobierno estatal a actuar con firmeza y liberar los recursos destinados a la atención de la alerta de género, tras el feminicidio ocurrido esta semana en el municipio de El Carmen.

La legisladora del PRI, Armida Serrato, denunció que el estado sigue sin entregar los 25 millones de pesos que ya están presupuestados para combatir la violencia contra las mujeres en los municipios con alerta de género activa desde 2017: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta.

“Hago dos llamados a la Secretaría de las Mujeres en el estado. Número uno, que entregue ya el recurso de 25 millones de pesos a los municipios con alerta de género. Hoy no cuentan con lo necesario para llevar a cabo programas de atención que disminuyan la violencia contra las mujeres”, expresó Serrato.

Asimismo, exigió a la titular de la dependencia, Graciela Buchanan, que emita alertas de género en todos los municipios donde se haya registrado al menos un feminicidio: “una sola muerte debe bastar para activar mecanismos de prevención y brindar apoyo técnico y presupuestal”.

Además, la legisladora también advirtió que postergar estas acciones puede tener consecuencias graves.

“No nos esperemos a que estos índices de mujeres asesinadas vuelvan a presentarse en cualquier municipio del estado”, agregó.

Por su parte, la diputada panista Claudia Caballero lamentó la falta de respuesta por parte de las Secretarías de Seguridad y de las Mujeres, quienes —dijo— han ignorado los llamados del Congreso para reforzar estrategias contra los feminicidios.

“Hoy por hoy, Nuevo León ocupa el noveno lugar a nivel nacional en violencia contra la mujer. El Gobierno y los municipios deben invertir recursos en la reconstrucción del tejido social. Esto empieza desde el hogar, con políticas públicas serias y efectivas”, enfatizó.

En tanto, la legisladora de Morena, Anylú Bendición Hernández, se sumó a las críticas, señalando que el retraso en la entrega de recursos compromete la atención a las mujeres víctimas de violencia. También expresó dudas sobre el funcionamiento de las Puertas Violeta, ahora administradas por el estado.

“Antes estaban a cargo de una asociación civil, y ahora el Gobierno estatal las atrajo. Tenemos dudas de si están operando correctamente”, cuestionó Hernández.

Las diputadas coincidieron en la urgencia de reforzar las acciones de prevención y garantizar que la protección a las mujeres sea una prioridad real en la agenda estatal.