Propone Armida Serrato ampliar responsabilidad administrativa a proveedores externos

MONTERREY, NL., 24 de febrero de 2026.- La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado con el objetivo de que despachos de abogados, consultores y profesionistas externos que participen en decisiones públicas también enfrenten responsabilidad administrativa en caso de incurrir en irregularidades.

La también presidenta de la Comisión de Anticorrupción señaló que la legislación vigente establece obligaciones para las personas servidoras públicas, pero deja vacíos cuando se trata de particulares que, sin un nombramiento formal, intervienen en dictámenes, estudios técnicos, asesorías o recomendaciones que influyen en resoluciones oficiales.

“Garantizar el derecho humano a la buena administración pública implica asegurar que las decisiones del Estado sean imparciales, objetivas, transparentes y motivadas. Si la voluntad estatal puede ser influida por particulares, la exigencia de responsabilidad también debe alcanzarles”, manifestó.

Explicó que la propuesta contempla incorporar a la ley la figura del “Particular vinculado a la función pública”, con el fin de establecer mecanismos claros de responsabilidad para personas físicas o morales que, sin ostentar un cargo público, participen de manera sustantiva en la preparación, diseño, asesoría, dictamen, ejecución o evaluación de decisiones administrativas.

“La propuesta legislativa plantea incorporar a la ley la figura del ‘Particular vinculado a la función pública’, a fin de establecer mecanismos claros de responsabilidad para aquellas personas físicas o morales que, sin ostentar formalmente un cargo público, intervienen de manera sustantiva en la preparación, diseño, asesoría, dictamen, ejecución o evaluación de decisiones administrativas”, agregó.

La iniciativa, presentada ante el Pleno durante sesión ordinaria, plantea modificaciones a los artículos 3, 21, 72 Bis y 81 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

Como ejemplo, Serrato Flores mencionó el caso del programa Bosques Ciudadanos y el convenio con Reforestación Extrema A.C., en el que la compensación obligatoria no ingresa al erario, sino que se canaliza directamente a una asociación civil mediante un acuerdo oficial.

“En el caso del programa Bosques Ciudadanos y Convenio con Reforestación Extrema A.C. cuando la compensación obligatoria no pasa por el erario público y se canaliza directamente a una A.C. mediante convenio oficial, ese particular co-determina qué acciones cuentan como cumplimiento de la obligación ambiental y, de facto, incide en la política pública de reforestación urbana”, apuntó.

La legisladora indicó que la administración pública ha incrementado la contratación de servicios profesionales externos para tareas técnicas, jurídicas y administrativas. Señaló que para el ejercicio fiscal 2025, bajo el concepto “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales”, cinco dependencias estatales contemplan más de 110 millones de pesos para este tipo de contrataciones.

“Existen casos donde personas sin nombramiento formal intervienen de manera sustantiva en el diseño, preparación o ejecución de decisiones públicas. Esto genera una paradoja: pueden influir en la voluntad del Estado, pero no están sujetos al mismo régimen de responsabilidades”, explicó.

La propuesta establece que se aplicarían sanciones cuando se ejerza influencia determinante sobre servidores públicos, se emitan dictámenes falsos, incompletos o sesgados que sirvan de base para decisiones oficiales, o se ofrezcan o reciban beneficios para incidir en resoluciones administrativas.