Propone Armida Serrato nueva ley para combatir la extorsión en Nuevo León

MONTERREY, NL., 27 de marzo de 2026.- Ante el incremento sostenido del delito de extorsión en la entidad, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y proteger a la ciudadanía.

Al entregar el proyecto en la Oficialía de Partes del Congreso local, la también presidenta de la Comisión de Anticorrupción advirtió que este delito ha crecido en los últimos años, afectando la seguridad, libertad y estabilidad económica de la población.

Serrato Flores detalló que actualmente la extorsión se manifiesta en diversas modalidades, como el “derecho de piso”, “secuestro virtual”, “extorsión telefónica” y fraudes de “ganador ficticio”, impactando tanto a pequeños comercios como a grandes empresas.

De acuerdo con la legisladora, las cifras reflejan esta tendencia al alza, al pasar de 601 casos registrados en 2021 a 901 al cierre de 2025.

“La extorsión no solo daña el bolsillo de las personas, también genera miedo e incertidumbre. Esta ley busca devolverle tranquilidad a la ciudadanía y cerrar espacios a la delincuencia”, expresó.

La iniciativa contempla la creación de una Unidad Especializada en Materia de Extorsión dentro de la Fiscalía, así como un Centro de Atención a Denuncias con herramientas tecnológicas avanzadas para facilitar la atención a víctimas.

Asimismo, propone la implementación de una Unidad de Enlace Empresarial para proteger a comerciantes e industriales, además de auditorías tecnológicas trimestrales en centros penitenciarios, con el fin de inhibir llamadas utilizadas para cometer este delito.

“¿A qué me refiero con el control penitenciario? Es de conocimiento público que la mayoría de las llamadas de extorsión vienen de los penales… estamos buscando que sea a través de una ley”, explicó.

La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y armonizar la legislación estatal con el marco federal recientemente aprobado en la materia.

“La realidad que enfrenta Nuevo León exige respuestas firmes, coordinadas y modernas. No podemos permitir que este delito continúe creciendo y afectando a las familias y al sector productivo del estado”, concluyó la diputada.