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MONTERREY, NL., 03 de septiembre de 2026.- Para reforzar las herramientas legales contra quienes afectan el patrimonio de las familias, el Diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó un paquete de reformas al Código Penal de Nuevo León para endurecer las sanciones por fraude y despojo de inmuebles.
El legislador explicó que, en el caso del fraude, pretende eliminar la posibilidad de que la sanción se reduzca únicamente al pago de una multa, por lo que propuso que se impongan de manera conjunta la pena de prisión y la sanción económica.
La modificación a la fracción II del artículo 385 contempla una pena de tres a ocho años de prisión, además de una multa de 20 a 100 cuotas, equivalente a entre 2 mil 346 y 11 mil 731 pesos.
“De manera que quienes cometan el delito de fraude dentro del supuesto previsto en dicha fracción puedan ser sancionados con pena de prisión y multa”, señaló Caballero Gaona.
El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública indicó que ambas propuestas derivan del trabajo que se ha realizado con el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, ante la incidencia de casos de fraude y despojo que se registran en la entidad.
En materia de despojo, planteó aumentar las penas cuando el delito sea cometido bajo circunstancias que representen una mayor afectación para las víctimas, como la intervención de notarios o personas servidoras públicas, o cuando se utilicen documentos, sellos, bases de datos y sistemas de información para concretar la apropiación ilegal de un inmueble.
La iniciativa establece un incremento de hasta una mitad en la sanción cuando el responsable sea titular de una notaría, actúe con apoyo o coordinación de una organización sindical o social, simule actos de autoridad o recurra a información del padrón de inmuebles en estado de abandono.
Asimismo, busca sancionar la permanencia en una propiedad ajena cuando el ocupante haya recibido un requerimiento de una autoridad competente para desocuparla y, pese a ello, continúe ocupándola o impidiendo que la víctima pueda ejercer sus derechos sobre el inmueble.
Caballero Gaona sostuvo que el objetivo es cerrar cada vez más los espacios que permiten la operación de grupos dedicados al despojo de terrenos y viviendas.
“En Nuevo León existen bandas inmobiliarias que está muy identificado que en zonas operan grupos que, desde la parte legal o criminales de cuello blanco, se han dedicado a despojar de terrenos a familias que son propietarios legítimos”, afirmó.
Finalmente, adelantó que impulsará mesas de trabajo para revisar las propuestas y avanzar también en soluciones para el problema de las viviendas abandonadas en Nuevo León.




