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MONTERREY, NL., 2 de diciembre de 2025.- Con la intención de fortalecer el marco jurídico relacionado con el cumplimiento de obligaciones alimentarias en Nuevo León, la diputada Sandra Pámanes presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para armonizar diversas leyes secundarias e incorporar como requisito expreso el no estar inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano explicó que, tras la creación del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, es necesario actualizar la legislación para asegurar una protección efectiva de los derechos alimentarios.
“Resulta impostergable avanzar hacia una legislación integral que, sin vulnerar derechos fundamentales ni generar cargas desproporcionadas, fortalezca el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y envíe un mensaje claro de compromiso institucional con la justicia, la igualdad y la protección de quienes dependen de estas prestaciones para su subsistencia”, señaló.
La propuesta consiste en adicionar los artículos 9 Bis y 9 Bis 1 a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, con el fin de que las personas que aspiren a cargos públicos no se encuentren inscritas en el registro de deudores.
Esta iniciativa se suma a un paquete de reformas previamente presentado para actualizar otras leyes estatales, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Electoral del Estado, la Ley que Regula la Expedición de Licencias, la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular, el Código Civil y la Ley del Notariado.
“La incorporación de este requisito (no estar inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios) va a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León; así mismo, se suman otras leyes ya presentadas para dar certeza y fortalecer nuestro marco jurídico en el Estado”, detalló. Añadió que estas reformas permitirán construir un marco normativo congruente con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entre los beneficios que plantea la reforma se encuentran impulsar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias; fortalecer la ética pública garantizando que los cargos de responsabilidad sean ocupados por personas que cumplen con su deber familiar; armonizar la legislación local con estándares nacionales e internacionales de protección a la niñez y las familias; y mejorar la coordinación interinstitucional al facilitar la consulta del registro dentro de los trámites administrativos del Estado y los municipios.




