Avanza reforma para impedir que deudores alimentarios accedan al Poder Judicial

MONTERREY, NL., 17 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad en primera vuelta una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que quienes aspiren a ser jueces o magistrados no deberán ser deudores alimentarios.

El dictamen, presentado por la Comisión de Justicia, deriva de iniciativas impulsadas por Sandra Pámanes y Marisol González, de Movimiento Ciudadano; Perla Villarreal, del PRD; e Itzel Castillo, del PAN.

Las modificaciones a los artículos 32, 50 y 127 establecen que los aspirantes a cargos judiciales no podrán estar inscritos en el Registro de Obligaciones Alimentarias o, en su caso, deberán comprobar que han cubierto en su totalidad los adeudos correspondientes.

La diputada del PAN, Claudia Caballero, señaló que la reforma busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar que quienes impartan justicia cumplan con sus responsabilidades familiares.

"Hay quienes evaden su responsabilidad y, peor aún, lo hacen sin consecuencias reales, por eso, fortalecer el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias no es persecución, es justicia", expresó.

"Quien no cumple con sus propios hijos, no puede aspirar a impartir justicia. No podemos permitir que una persona que evade una obligación tan básica pretenda convertirse en juez. ¿Con qué autoridad moral va a resolver sobre derechos, sobre familias, sobre la vida de otras personas, si ni siquiera cumple con la suya? Ser juez no es solo un cargo, es un compromiso ético", agregó.

Por su parte, Pámanes destacó que la reforma también contempla este requisito en caso de que jueces y magistrados sean electos mediante voto ciudadano.

"Incorporar el requisito de no estar inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios para acceder o permanecer en cargos judiciales no es una sanción, es un mecanismo preventivo, razonable y proporcional", indicó.

Asimismo, subrayó que la medida permite que quienes tengan adeudos puedan regularizar su situación para acceder a estos cargos, privilegiando la responsabilidad sobre la sanción.

Durante la discusión, también respaldaron la iniciativa legisladoras como Greta Barra y Perla Villarreal, quienes coincidieron en que la reforma fortalece la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones.

"No es una medida punitiva, es una medida preventiva, garantista y congruente que busca fortalecer la responsabilidad social y la confianza ciudadana en nuestras instituciones", afirmó Villarreal.

El dictamen deberá pasar por una segunda vuelta antes de su eventual aprobación definitiva.