Exhiben dinero extranjero metido en decisiones del gobierno mexicano

MONTERREY, NL.,17 de abril de 2026.- Una investigación de El Universal señala que la fundación Bloomberg Philanthropies habría inyectado recursos millonarios a organizaciones civiles, consultores e instituciones públicas en México para influir en políticas de salud, regulación alimentaria y etiquetado frontal.

Los documentos citados apuntan a cerca de 300 millones de pesos canalizados a la organización El Poder del Consumidor, además de financiamiento a consultoras, asociaciones civiles e instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública.

El esquema, según la investigación, no operaría como simple filantropía. Se describe una estructura de incidencia que combina recursos económicos, producción de estudios técnicos, campañas mediáticas y presión pública para impulsar cambios regulatorios en México, incluyendo el uso de intermediarios financieros como Fernwood Group Fund.

El propio reportaje documenta que entre 2020 y 2024 el Instituto Nacional de Salud Pública habría recibido cerca de 39 millones de pesos en financiamiento vinculado a la fundación Bloomberg Philanthropies.

En paralelo, El Poder del Consumidor concentra el mayor volumen de recursos dentro del esquema señalado.

De acuerdo con la investigación, señalan que existen copias de nóminas y facturas que evidencian que la fundación ha llevado a cabo sobornos a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal, así como flujos financieros no identificados.

Entre los hallazgos de pagos de sobornos se menciona al exfuncionario federal Alfonso Guati Rojo, quien encabezó el diseño y defensa del etiquetado de alimentos, y habría recibido pagos de Bloomberg Philanthropies, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en políticas que han sido defendidas por el gobierno federal.

Los documentos muestran que Alfonso Guati Rojo quien se desempeñó como Director General de Normas de la Secretaria de Economía, y quien encabezó el diseño, defensa y fortalecimiento legal del nuevo sistema de etiquetado frente a amparos empresariales, recibió cinco meses después de su renuncia al gobierno federal pagos por un millón de pesos, provenientes de El Poder del Consumidor por presuntamente transferir “conocimiento técnico” a ese organismo, con el propósito de fortalecer su acción política, comunicacional y de presión pública, en respaldo a la defensa de los amparos promovidos por empresarios en tribunales.

La investigación también detalla una serie de transferencias a consultoras y organizaciones vinculadas a análisis y acompañamiento técnico en políticas públicas. Entre los recursos documentados se encuentra Dinamia Consultoría en Investigación, S.C., con alrededor de 7.8 millones de pesos; el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, con 5.3 millones; el Fundar Centro de Análisis e Investigación, con 500 mil pesos; y Espiral por la Vida, con 674 mil pesos. De acuerdo con los documentos citados, estos fondos habrían estado relacionados con actividades de incidencia y producción de evidencia en debates regulatorios.

Otro foco del reportaje apunta al entorno interno de la organización El Poder del Consumidor, encabezada por Alejandro Calvillo, donde se habrían identificado pagos a su círculo cercano.

Según la investigación, Jorge Luis Calvillo Unna, hermano del dirigente, habría recibido cerca de 7.8 millones de pesos entre 2020 y 2025, mientras que Suzanne Elaine Kemp, esposa de Calvillo, habría obtenido más de 4.2 millones de pesos en el mismo periodo.

Estos movimientos han generado cuestionamientos sobre la concentración de recursos dentro del entorno de dirección de la organización.

El caso, según la investigación, describe un ecosistema donde financiamiento internacional, organizaciones civiles, consultorías y exfuncionarios convergen en la construcción e impulso de políticas públicas en México.

Los documentos citados plantean que este modelo habría operado mediante financiamiento externo, asesorías posteriores a cargos públicos y estrategias coordinadas de incidencia regulatoria en temas de salud y consumo.

El caso expone un entramado donde dinero internacional, organizaciones civiles y exfuncionarios confluyen en la construcción de políticas públicas, bajo esquemas que hoy se colocan bajo escrutinio.

Los documentos citados por la investigación dejan sobre la mesa dudas serias sobre la transparencia del financiamiento, los posibles conflictos de interés y la forma en que se diseñan e impulsan regulaciones que impactan a millones de consumidores.

Más allá de las explicaciones, el señalamiento central permanece: si estos mecanismos operaron dentro de la legalidad y con plena transparencia, o si existe una zona gris de influencia que aún no ha sido suficientemente aclarada.