Digitaliza DIF Nuevo León trámites y servicios para las familias
MONTERREY, NL., 26 de septiembre de 2025.- En Nuevo León, será decisión de cada partido político definir si postula a una mujer o un hombre a la Gubernatura en 2027, de acuerdo con un proyecto de sentencia que prepara el magistrado Felipe Fuentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El documento, aún en análisis, sostiene que el Instituto Estatal Electoral (IEE) no tiene la facultad legal para imponer acciones afirmativas que obliguen a postular únicamente mujeres, como fue solicitado por la organización civil Fundación Duque para el Apoyo de la Familia y las Artes, liderada por Paola Alejandra Velázquez.
La asociación había propuesto que, en la próxima elección, sólo mujeres compitan por la Gubernatura como una medida para garantizar la paridad de género. No obstante, el IEE respondió el pasado 8 de septiembre que tal disposición recae en el Congreso local, aunque advirtió que podría intervenir si no se legisla a tiempo.
Esta respuesta fue impugnada y el Tribunal Electoral federal está por pronunciarse.
Desde 2021, el INE ha establecido lineamientos de paridad aplicables a todos los partidos a nivel nacional, ordenando que entre el 50 y el 60 por ciento de sus candidaturas a gubernaturas deben ser ocupadas por mujeres. Sin embargo, no impone en qué estados deben postularse, dejando esa decisión a la estrategia interna de cada partido.
En las elecciones de 2027 se renovarán 17 gubernaturas, incluyendo la de Nuevo León, por lo que se espera que el INE solicite a los partidos que postulen mujeres en al menos ocho o nueve entidades, como ocurrió en el proceso anterior.
Al respecto, el senador Waldo Fernández, aspirante de Morena a la gubernatura, consideró que los partidos deben tener la última palabra en la definición del género de sus candidaturas, siempre cumpliendo con las reglas generales del INE.
“No se trata de negar el rezago que existe hacia las mujeres ni de eludir la responsabilidad histórica que hay con ellas”, declaró Fernández, “pero imponer candidaturas a través de terceros o desde órganos que no tienen competencia puede prestarse a interpretaciones políticas”.
El legislador subrayó que la alternancia de género no es una obligación constitucional, sino un criterio administrativo, por lo que corresponde al INE y, en última instancia, al Trife, definir los alcances de la paridad en cada proceso electoral.




