Proponen hasta 10 años de prisión por robo de agua y aguachicoleo en NL

MONTERREY, NL., 13 de enero de 2026.- Debido al aumento de tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable en Nuevo León, la diputada independiente Rocío Montalvo Adame, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y castigar estas prácticas con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.

La propuesta busca tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal de agua, con el objetivo de frenar el llamado aguachicoleo, así como atender el problema de más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana.

La coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, señaló que estas prácticas afectan el suministro, dañan la infraestructura hidráulica y pueden encarecer el servicio para los usuarios que cumplen con sus pagos.

“Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado. Mientras miles de familias cumplen con su pago y sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con un recurso que es de todos. Esto debe parar ya y ser sancionado”, expresó la legisladora.

La iniciativa propone adicionar el Artículo 365 Bis 2 al Código Penal estatal, con el cual se sancionarían tres conductas específicas: la sustracción de agua de la red de distribución, la alteración de la infraestructura hidráulica para obtenerla y la instalación de conexiones irregulares.

Montalvo Adame subrayó que la crisis hídrica registrada en 2022 evidenció la gravedad de estas prácticas ilegales y su impacto directo en las familias.

“La crisis hídrica de 2022 nos dejó bien claro que cada gota cuenta. Estas tomas ilegales detectadas por Agua y Drenaje además de robar agua, también dañan tuberías, provocan fugas masivas y dejan sin presión a colonias enteras. Esto afecta a las familias. Es un crimen contra el patrimonio público y contra el derecho humano de acceso al agua potable”, señaló.

La reforma contempla una pena base de 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular de agua. En caso de que exista lucro mediante la venta masiva del recurso a través de pipas o cisternas, la sanción se elevaría de 6 a 10 años.

También se prevén agravantes cuando se generen daños a la infraestructura que abastece a centros de población o cuando participe un servidor público, caso en el cual se aplicaría destitución e inhabilitación.

“Queremos mandar un mensaje claro, que lucrar con el agua de los nuevoleoneses tendrá consecuencias severas. No debe existir un mercado negro que explota la necesidad de la gente”, afirmó la diputada.

La iniciativa incluye un enfoque de equidad al establecer sanciones menores cuando la conducta se realice por primera vez y exclusivamente para el consumo doméstico de una familia. En estos casos, la pena sería de seis meses a un año de prisión, privilegiando la regularización del servicio y los acuerdos reparatorios.

“Esta ley no busca criminalizar a aquellas familias que, en una situación de extrema necesidad, hacen una toma para sobrevivir. Lo que buscamos es castigar al que roba a gran escala para vender y enriquecerse, o a las empresas que se conectan a escondidas para evitar pagar el agua”, aclaró.

Finalmente, Rocío Montalvo hizo un llamado al Congreso local para aprobar la iniciativa, al considerar que garantizar el acceso al agua es un tema de seguridad para el estado.