Riña por reparación de celular termina con 3 detenidos en el Centro de Monterrey
MONTERREY, NL., 17 de junio de 2026.- El Fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, junto a los vicefiscales Alejandro Carlín y Luis Orozco, abordaron los avances del caso conocido como Proyectos 9, donde cientos de personas denuncian un presunto fraude millonario.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, autoridades ministeriales fueron cuestionadas sobre la supuesta sustitución de defensores de los imputados, así como la posibilidad de alcanzar acuerdos de reparación del daño con las víctimas.
El vicefiscal Luis Orozco aclaró que, hasta el momento, no se tiene registro formal de un cambio total de abogados por parte de los imputados, al menos no dentro de los expedientes conocidos por la Fiscalía o el Poder Judicial.
Explicó que únicamente se incorporó un nuevo defensor en una audiencia reciente, lo que no representa la sustitución de los representantes legales previamente acreditados.
“Se incorporó un nuevo defensor en una audiencia que se celebró ayer, pero no significó el cambio de los defensores previamente designados”, puntualizó.
Asimismo, indicó que el diferimiento de una audiencia se debió principalmente a la solicitud de tiempo por parte de la defensa para estudiar la carpeta de investigación, fijándose una nueva fecha para el 29 de junio.
Respecto a la posibilidad de un acuerdo reparatorio, el vicefiscal subrayó que la reparación del daño es un objetivo previsto dentro del proceso penal y representa el interés principal de las víctimas: la recuperación de su patrimonio.
“Entendemos que es el interés esencial de las víctimas, la recuperación de su patrimonio, y obviamente es parte de las tareas de la Fiscalía”, señaló.
Agregó que, aunque han existido acercamientos por parte de la defensa de los investigados para explorar una solución basada en la reparación del daño, hasta ahora no se ha presentado una propuesta concreta ni recursos tangibles para resarcir a los afectados.
“Ha habido acercamientos en los que se externa la voluntad de llevar a cabo una solución de tipo reparación del daño, pero no se ha ofrecido algo tangible que pueda ser ofertado a las víctimas”, explicó.
El vicefiscal precisó que hasta el momento se han presentado 354 denuncias formales relacionadas con el caso, con un monto global reclamado que supera los 860 millones de pesos, además de aproximadamente 3.7 millones de dólares.
En conjunto, las cifras colocan el posible daño patrimonial en un rango cercano a los 900 millones de pesos, y en estimaciones globales, próximo a los mil millones.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue en etapa de integración y que existen diversas carpetas donde ya se han aplicado medidas restrictivas contra los señalados.
La Fiscalía aseguró que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, mientras se mantiene abierta la posibilidad de avanzar en mecanismos legales que permitan la reparación del daño a las víctimas, siempre que existan condiciones reales y verificables para ello.




