Buscan mayor castigo por fraude digital contra adultos mayores en NL

MONTERREY, NL., 14 de enero de 2026.- Con la intención de fortalecer la protección legal de los sectores más vulnerables y adecuar la legislación a las nuevas formas de delincuencia, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 385 del Código Penal del Estado de Nuevo León, a fin de endurecer las sanciones por fraude cometido mediante medios digitales, especialmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores.

La propuesta plantea que la pena por el delito de fraude se incremente hasta en una mitad cuando este sea cometido a través de tecnologías de la información, medios electrónicos, digitales o cualquier recurso tecnológico, así como en los casos en que la víctima tenga 60 años o más.

El legislador explicó que, aunque el fraude ya se encuentra tipificado en la legislación estatal, las transformaciones sociales y económicas han propiciado la aparición de nuevas modalidades delictivas, principalmente en entornos digitales, las cuales facilitan el engaño, amplían su alcance y complican la identificación de los responsables.

Señaló que las personas adultas mayores son particularmente vulnerables ante este tipo de delitos debido a la brecha digital, la confianza que suelen depositar en terceros y, en algunos casos, la dependencia económica o emocional, lo que provoca que las afectaciones del fraude no se limiten a lo económico, sino que impacten directamente en su dignidad y calidad de vida.

La iniciativa aclara que no se busca modificar la definición del delito de fraude ni crear nuevas agravantes, sino establecer criterios más claros para la individualización de la pena, respetando el principio de legalidad penal y conservando la estructura actual del Código Penal. Asimismo, se contempla que el uso de medios tecnológicos y la condición de adulto mayor de la víctima puedan presentarse de manera conjunta, sin generar duplicidad de sanciones ni afectar la coherencia del sistema penal.

“El objetivo es que la ley responda de manera proporcional y justa a conductas que hoy generan un daño social mucho mayor, sin romper el equilibrio del sistema penal y generar protección del patrimonio de las personas”, señaló el diputado.