Capturan en San Pedro a presunto responsable de fraude por 20 mdp

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL., 19 de junio de 2026.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Gabriel N, de 51 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude relacionado con una inversión inmobiliaria por 20 millones de pesos.

La detención fue realizada el pasado 18 de junio en la colonia Residencial Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, por detectives adscritos a la Coordinación General de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta a mayo de 2018, cuando el ahora detenido habría convencido a un inversionista de participar en un supuesto desarrollo inmobiliario denominado Estela, que presuntamente sería construido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Según los datos de prueba integrados por el Ministerio Público, la víctima entregó una inversión de 20 millones de pesos para el proyecto; sin embargo, éste nunca se concretó, lo que derivó en una afectación patrimonial por el monto señalado.

La Fiscalía estatal informó que Gabriel N ya había sido presentado previamente ante un juez, quien lo vinculó a proceso por los hechos investigados.

Asimismo, en enero de 2026 le fue impuesta como medida cautelar el internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, por lo que debía presentarse de manera voluntaria para cumplir con la determinación judicial.

No obstante, las autoridades señalaron que el imputado incumplió con dicha disposición, motivo por el cual se giró una orden de aprehensión para garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial.

Tras su captura, Gabriel fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica dentro del proceso correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reiteró que la detención forma parte de las acciones para dar seguimiento a los procesos penales y garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.