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MONTERREY, NL., 10 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, encabezada por el fiscal general Javier Flores y los vicefiscales Alejandro Carlín y Luis Orozco, ofreció este miércoles una actualización sobre el caso de Proyectos 9, relacionado con presuntos fraudes inmobiliarios que habrían afectado a personas en la entidad y en Quintana Roo.
En conferencia de prensa, el vicefiscal Luis Orozco detalló que el caso continúa avanzando en los tribunales.
“El día de ayer concluyó una audiencia de vinculación. Habíamos dado cuenta de esta información la semana pasada. Se hizo la audiencia inicial la semana pasada, y ayer se reanudó porque así lo solicitó la defensa para aportar datos para defenderse. El juez resolvió vincular a proceso por tercera ocasión a esta persona, con motivo de la denuncia que hizo una mujer por la inversión de decenas de millones de pesos en un proyecto ubicado en Quintana Roo”, explicó el vicefiscal.
Según la Fiscalía, el imputado, identificado como José N, habría recibido un pago aproximado de 22.5 millones de pesos por la venta de tres departamentos.
Hasta el momento, se han registrado 315 denuncias relacionadas con este caso, por un monto total que asciende a 800 millones de pesos y 3.7 millones de dólares, es decir, cerca de 860 millones de pesos.
El vicefiscal Orozco subrayó que los fraudes denunciados no se limitan a Nuevo León, sino que también involucran un proyecto ubicado en Quintana Roo.
“Hasta este momento no tenemos información de otros estados involucrados, salvo Nuevo León y este último proyecto en Quintana Roo”, indicó.
Asimismo, Orozco señaló que las víctimas no sólo señalan directamente a José N, sino también a representantes legales, promotores de ventas, personas que firmaban contratos, accionistas y administradores que formaban parte de la organización comercial que operaba el proyecto.
Respecto a posibles vínculos con lavado de dinero u otros delitos financieros, el vicefiscal explicó que este análisis aún está en etapa preliminar.
“Hasta este momento, los esfuerzos iniciales han sido para documentar el fraude denunciado por las víctimas. Se está analizando esta otra estrategia, pero no hay una decisión todavía al respecto”, aseguró.
Con estas medidas, la Fiscalía de Nuevo León busca esclarecer los alcances de los presuntos fraudes y garantizar que todas las personas involucradas en la operación del proyecto sean debidamente investigadas y, en su caso, sancionadas conforme a la ley.




