Fiscalía ve viable reparación a víctimas de Tamayo Capital

MONTERREY, NL., 29 de mayo de 2026.- Las personas afectadas por el presunto fraude relacionado con la financiera e inmobiliaria Tamayo Capital podrían contar con una garantía para la reparación del daño, luego de que dentro del proceso legal se promoviera un inmueble valuado en más de 200 millones de pesos para responder por las afectaciones económicas denunciadas.

Así lo informó el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, quien explicó que la propiedad se localiza en el municipio de San Pedro Garza García y su valor supera el monto estimado del presunto fraude, calculado en aproximadamente 180 millones de pesos.

El funcionario señaló que la asesoría jurídica de las víctimas impulsó la incorporación del inmueble como garantía dentro de los procedimientos judiciales, con el objetivo de asegurar una eventual reparación patrimonial para los afectados.

“La asesoría jurídica está promoviendo una propiedad en garantía para cubrir los créditos de los afectados. Eso nos da certeza de que puede existir una reparación eficiente del daño”, indicó Flores Saldívar.

De acuerdo con la Fiscalía, actualmente existen alrededor de 80 denuncias relacionadas con Alejandro “N”, propietario de Tamayo Capital, las cuales continúan integrándose dentro de diversas carpetas de investigación. Respecto a la situación jurídica del empresario, el fiscal confirmó que recuperó su libertad tras obtener una suspensión concedida por un juez federal con sede en Tabasco, medida que dejó sin efectos una segunda orden de aprehensión emitida en Nuevo León.

Flores Saldívar cuestionó la actuación del juzgador federal al considerar que existían elementos para que el asunto fuera remitido a la autoridad competente en la entidad donde se originó el procedimiento.

“Alejandro salió en libertad con ese amparo otorgado en Tabasco. Consideramos irregular la actuación del juez federal y analizamos presentar una queja ante la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial Federal”, señaló.

El titular de la Fiscalía explicó que el criterio aplicado por el juez será revisado jurídicamente, al estimar que existían cuestiones de competencia que debieron analizarse antes de resolver la suspensión.

El caso cobró relevancia luego de que el pasado 21 de mayo Alejandro “N” y otras dos personas fueran vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con operaciones financieras e inmobiliarias. Sin embargo, días después un juez modificó las medidas cautelares impuestas, eliminando la prisión preventiva y estableciendo únicamente la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad judicial.

Mientras avanzan los procesos penales, la Fiscalía destacó que la existencia de un bien inmueble con valor suficiente para cubrir las afectaciones representa una posibilidad real para que las víctimas puedan recuperar parte de los recursos presuntamente perdidos.