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MONTERREY, NL., 11 de marzo de 2026.- El comisario de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que la corporación implementa el operativo denominado Rastrillo, con el objetivo de retirar de la vía pública a personas en situación de calle, registrar sus datos biométricos y prevenir delitos en distintos sectores de la ciudad.
Tras encabezar una reunión de seguridad, el funcionario explicó que en lo que va del año 3 mil 526 personas han sido retiradas temporalmente de las calles para ser trasladadas a celdas municipales, donde se realiza su registro e identificación mediante fichas biométricas.
El comisario detalló que esta estrategia busca contar con información que permita identificar a las personas en caso de emergencias o accidentes, ya que en diversas ocasiones se han encontrado individuos lesionados o sin vida sin que porten algún documento de identidad.
“En muchas ocasiones encontramos personas atropelladas o lesionadas, incluso por el tren, y no cuentan con identificación. Al registrarlos podemos saber quiénes son, tomar sus biométricos y tenerlos vinculados a una ficha”, explicó.
Sánchez Quiroz señaló que el operativo también se apoya en la colaboración ciudadana, especialmente en el centro de la ciudad.
Para ello, la policía ha creado grupos de comunicación con comerciantes, joyeros, notarios, vecinos y otros sectores del primer cuadro de la ciudad de Monterrey.
A través de estos canales, los ciudadanos reportan situaciones como personas consumiendo drogas en la vía pública, conductas agresivas, actos de faltas a la moral o necesidades fisiológicas en espacios públicos, lo que permite enviar de inmediato a las unidades policiales.
El comisario indicó que las personas retiradas del lugar pueden permanecer hasta 36 horas bajo resguardo, tiempo durante el cual se realiza el proceso de identificación y registro correspondiente.
El funcionario subrayó que, además de las acciones policiales, se requiere una estrategia integral para atender a la población en situación de calle, que incluya la participación de los tres niveles de gobierno.
En ese sentido, planteó la necesidad de crear espacios de albergue temporal, similares a los que existen en otros países, donde las personas puedan pasar la noche, recibir alimentos, contar con una cama y acceso a servicios básicos como baños y regaderas.
“Para que esto funcione se requiere la participación del gobierno federal, estatal y municipal, ya que se necesitan lugares donde estas personas puedan tener una estancia digna”, comentó.
Sánchez Quiroz agregó que las acciones implementadas también han permitido detectar personas relacionadas con delitos. Señaló que durante el año pasado cerca de 14 personas retiradas de las calles fueron vinculadas a algún delito.
En lo que va de 2026, durante los primeros dos meses, alrededor de 96 personas han sido detectadas en operativos similares, lo que equivale a un promedio cercano a 48 casos por mes.
El comisario afirmó que las autoridades continuarán evaluando el comportamiento de los indicadores de seguridad durante el resto del año para medir el impacto de este operativo en la prevención del delito.




