Cae en Guadalupe pareja ligada presuntamente a grupo delictivo
MONTERREY, NL., 7 de julio de 2026.- Un grupo de inversionistas afectados por el presunto fraude atribuido a la financiera Trínitas interpuso una demanda mercantil para reclamar el pago de más de 30 millones de pesos, en un nuevo frente legal contra la empresa, señalada por un presunto desfalco superior a los 2 mil 437 millones de pesos.
Ante la imposibilidad de localizar un domicilio para notificar a la financiera o a su presidente del Consejo, Jorge Olvera Rodarte, quien permanece prófugo, los demandantes recurrieron a la publicación de edictos en medios de circulación estatal, conforme a lo establecido por la legislación mercantil.
El abogado Horacio García, quien además figura entre los inversionistas afectados, explicó que la ley permite dar por notificada a la parte demandada una vez que el edicto es publicado en tres ocasiones consecutivas en un diario de amplia circulación.
La notificación fue emitida por el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial, a través de un edicto publicado el pasado 10 de junio, en el que se informa del inicio del juicio mercantil en contra de Financiera Trínitas por un monto de 30 millones 733 mil 177 pesos, además de solicitar providencias precautorias de embargo.
El documento fue publicado en tres ocasiones, por lo que legalmente la empresa ya fue notificada del procedimiento judicial.
No obstante, el principal desafío para los demandantes será localizar bienes susceptibles de embargo. De acuerdo con información obtenida dentro del concurso mercantil promovido por otro grupo de aproximadamente 120 inversionistas, en su mayoría adultos mayores, la financiera reporta únicamente 9 mil 901.57 pesos en efectivo y no cuenta con cuentas por cobrar que permitan hacer frente a las reclamaciones.
Dicha información fue integrada por el visitador del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera, quien revisó la situación financiera de la empresa.
En paralelo, Jorge Olvera Rodarte continúa prófugo de la justicia y enfrenta al menos 12 carpetas de investigación. De acuerdo con un documento consular, ingresó a Estados Unidos por el Puente Colombia el 5 de agosto de 2025 y, hasta el momento, no existe registro oficial de su regreso a México.
Además del pago del capital reclamado, los demandantes exigen el pago de intereses moratorios del seis por ciento anual desde el vencimiento de los pagarés, así como los gastos y costas derivados de los procedimientos legales iniciados contra la financiera, que dejó de cumplir con sus obligaciones de pago hacia inversionistas desde finales de 2024.




