Marcelo Garza y Garza: el crimen que marcó el inicio de una época violenta en NL

MONTERREY, NL., 05 de septiembre de 2026.- La noche del 5 de septiembre de 2006, el asesinato de Marcelo Garza y Garza, entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), marcó un antes y un después para Nuevo León.

A sus 37 años, el jefe policiaco fue ejecutado frente al Centro Cultural Plaza Fátima, en San Pedro Garza García, en un crimen que exhibió la capacidad de fuego y el nivel de desafío que comenzaban a representar las organizaciones criminales para las autoridades del Estado.

Marcelo había acudido alrededor de las 20:30 horas al recinto para encontrarse con su esposa, quien asistía a una exposición de pintura. Una llamada lo hizo salir a la banqueta.

Ahí, un hombre que portaba una gorra se aproximó por la espalda y le disparó en la cabeza con una pistola calibre 5.7x28, conocida popularmente como “matapolicías”.

El agresor escapó y Marcelo quedó tendido frente al inmueble.

El impacto fue inmediato. Nunca antes un jefe policiaco de ese nivel había sido asesinado en Nuevo León y el crimen se convirtió en uno de los primeros grandes golpes contra las instituciones de seguridad en una entidad que, en los años siguientes, viviría una escalada de violencia sin precedentes.

A dos décadas del crimen, los antecedentes del caso permiten reconstruir aquella noche y las circunstancias que rodearon una investigación que apuntó hacia integrantes del crimen organizado y ex policías, pero que nunca derivó en una sentencia por el homicidio.

UN POLICÍA DE CARRERA

Marcelo había dedicado buena parte de su vida a la investigación policiaca. Era licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, tenía una maestría en Administración Pública y comenzó su trayectoria a los 20 años como asistente en la Policía Judicial.

Posteriormente fue delegado de la entonces Procuraduría General de la República en Nuevo León, antes de llegar a la dirección de la AEI.

Su padre, Alejandro Garza Delgado, también había encabezado la Policía Judicial del Estado. Tras el asesinato, recordó que había advertido a su hijo sobre los riesgos de desplazarse sin escolta, aunque Marcelo acostumbraba hacerlo solo.

LA VIOLENCIA YA DABA SEÑALES

En 2006, Nuevo León comenzaba a entrar en una etapa que posteriormente sería identificada como uno de los periodos más violentos de su historia reciente.

En mayo, un ataque en el bar El Punto dejó cuatro personas muertas y 25 heridas. Entre el 29 y el 30 de agosto, cinco personas fueron privadas de la libertad cuando viajaban por la Carretera a Laredo, a la altura de Ciénega de Flores.

Seis días después ocurrió el asesinato de Marcelo.

El homicidio, por ello, se inscribió en un contexto de expansión y disputa de grupos criminales que comenzaba a hacerse evidente en Nuevo León.

ADVERTENCIAS SOBRE LOS CÁRTELES

En los meses previos, Marcelo había recibido información sobre la presencia creciente de organizaciones criminales procedentes de otras entidades.

Una de las reconstrucciones del caso señala que integrantes de familias relacionadas con el grupo de los Beltrán Leyva comenzaban a establecerse en Monterrey y que el jefe policiaco veía ese movimiento como una señal de una posible disputa entre organizaciones.

También mantenía comunicación con autoridades estadounidenses y, según versiones recogidas posteriormente, habría planteado la situación relacionada con esas familias.

De esas gestiones surgió una de las versiones más delicadas alrededor del caso: que información proporcionada a autoridades estadounidenses pudo haber llegado al grupo criminal y revelado las acciones que Marcelo intentaba impulsar.

Incluso se señaló una posible filtración desde la DEA, aunque nunca fue acreditada públicamente.

EL OPERATIVO QUE LO PUSO EN LA MIRA

Marcelo ya había encabezado investigaciones contra grupos delictivos.

Uno de los operativos más relevantes ocurrió el 16 de agosto de 2005, cuando dirigió una acción en un restaurante Vips de Garza Sada y Lázaro Cárdenas que terminó con la captura de José Luis Carrizales Coronado, “El Tubi”; Francisco Carlos Esquivel Maldonado, “El Capi”, y otros integrantes de su grupo, relacionados con un secuestro.

Después de aquella captura surgieron versiones sobre amenazas contra el jefe de la AEI.

El caso tendría consecuencias incluso después de su asesinato: el juez Ernesto Palacios López, quien llevaba el proceso contra Carrizales y sus presuntos cómplices, fue asesinado en enero de 2008. Posteriormente también fueron ejecutados abogados defensores de algunos de los acusados.

LAS INVESTIGACIONES APUNTARON A EX POLICÍAS

Después del asesinato, las investigaciones condujeron hacia integrantes del grupo de los Beltrán Leyva y ex policías.

De manera extraoficial, se señaló a Miguel Ángel Román Ruiz, “El Mico”, como uno de los presuntos autores materiales. Román Ruiz había pertenecido a la Unidad de Respuesta Extrema de la Policía de San Pedro.

También fue relacionado Israel Ibarra Lozano, “El Canas”.

Como presuntos autores intelectuales fueron señalados Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y Héctor Huerta Ríos, “La Burra”, identificado como uno de los principales operadores de esa organización en Nuevo León.

Una de las líneas de investigación establecía que el móvil podía estar relacionado con las acciones emprendidas por Marcelo para impedir el establecimiento y expansión de ese grupo en San Pedro.

Sin embargo, aquellos señalamientos nunca se tradujeron en una sentencia por el asesinato.

LOS SOSPECHOSOS QUE QUEDARON LIBRES

Semanas después del homicidio, policías de Guadalupe detuvieron a “El Mico” y a Pedro Alonso Medrano Alférez, “El Cobra” o “Marimar”, ambos ex policías de San Pedro relacionados con distintas investigaciones y también con el caso Marcelo.

Los dos permanecieron bajo arraigo durante más de un mes, pero las autoridades no consiguieron reunir elementos suficientes para consignarlos por el homicidio y finalmente quedaron en libertad.

Con el paso de los años, la posibilidad de llevar a juicio a los principales señalados se desvaneció.

Arturo Beltrán Leyva murió durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, en diciembre de 2009. Héctor Huerta fue detenido ese mismo año en San Pedro, aunque no fue procesado por el asesinato de Marcelo, y en 2019 fue asesinado en Zapopan, Jalisco.

Los hombres señalados extraoficialmente como autores materiales también murieron.

Años después, el ex procurador Luis Carlos Treviño Berchelmann sostuvo que las personas que pudieron haber participado en el homicidio ya habían fallecido.

EL CRIMEN QUE ANUNCIÓ LO QUE VENÍA

El asesinato de Marcelo Garza y Garza quedó impune, pero su significado trascendió el expediente.

Su muerte ocurrió cuando Nuevo León apenas comenzaba a enfrentar una transformación profunda en materia de seguridad. En los años siguientes llegarían más ataques contra policías, secuestros, ejecuciones, enfrentamientos y la disputa abierta de organizaciones criminales por el control del territorio.

Marcelo fue uno de los primeros grandes símbolos de esa confrontación.

Su asesinato demostró que el crimen organizado no sólo tenía capacidad para desafiar a las corporaciones policiacas desde las calles, sino también para llegar hasta uno de sus principales mandos y ejecutarlo en uno de los municipios más vigilados del Estado.

Veinte años después, las circunstancias exactas que llevaron a aquella noche del 5 de septiembre de 2006 permanecen marcadas por investigaciones inconclusas, testimonios, versiones y sospechas.

Pero el hecho histórico permanece: la ejecución de Marcelo Garza y Garza se convirtió en una de las señales más contundentes de que Nuevo León estaba entrando en una nueva y violenta etapa.