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MONTERREY, NL., 15 de agosto de 2025.- Ante las denuncias por extorsiones a operadores de transporte de carga por parte de agentes de tránsito municipal, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, anunció que se establecerán acciones coordinadas con cámaras empresariales para atender esta problemática.
Durante su intervención en El Nuevo León Informa, Escamilla confirmó que el tema será abordado dentro de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, y que ya se ha iniciado el diálogo con organizaciones empresariales como Caintra, Canaco y Coparmex.
“Ya tuve contacto con la Caintra, la Canaco, la Coparmex, con todas las cámaras de comercio para atender esta problemática y otras más. Hemos compartido información y acordamos que cada lunes, a través de la Mesa de Construcción de Paz, se realizará un diálogo para identificar estos casos y trabajar en su resolución”, explicó el funcionario estatal.
Las declaraciones se producen luego de que, el pasado 12 de agosto, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) denunciara un incremento en los casos de extorsión cometidos por tránsitos municipales contra transportistas afiliados.
El presidente del organismo, Jorge H. Santos Reyna, señaló que las incidencias han sido detectadas a través de encuestas aplicadas entre sus agremiados, aunque no se especificó en qué municipios han ocurrido los hechos.
Por su parte, el director general de Caintra, Juan Pablo García Garza, indicó que ya se han establecido conversaciones con autoridades municipales para frenar estas prácticas, que afectan directamente la operatividad y los costos logísticos de la industria local.
Aunque reconocieron la gravedad del problema, los líderes empresariales también destacaron que la estrategia de seguridad coordinada entre distintos niveles de gobierno ha tenido efectos positivos, reflejados en la baja de diversos índices delictivos.
No obstante, Nuevo León ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de extorsión, según datos recientes. Autoridades estatales atribuyen la mayoría de estos casos a llamadas realizadas desde penales ubicados en otros estados del país.
Finalmente, Escamilla Vargas reiteró que su dependencia mantendrá vigilancia sobre las corporaciones municipales y que se trabajará de manera conjunta con el sector privado para erradicar cualquier abuso de autoridad o acto de corrupción.