Riña por reparación de celular termina con 3 detenidos en el Centro de Monterrey
MONTERREY, NL., 8 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que continúan las acciones legales y patrimoniales relacionadas con el caso Proyectos 9, una de las investigaciones por presunto fraude de mayor impacto económico en la entidad, en la que hasta el momento 420 personas han sido reconocidas como víctimas y reclaman un daño patrimonial superior a los mil 100 millones de pesos, además de 3.7 millones de dólares.
La actualización fue dada a conocer este miércoles durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general Javier Flores Saldívar, acompañado por los vicefiscales Luis Enrique Orozco Suárez y Alejandro Carlín, quienes informaron sobre el avance de las investigaciones y las medidas implementadas para garantizar la eventual reparación del daño a los afectados.
Al ser cuestionado sobre el estado actual del caso, el vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que la Fiscalía ha concentrado sus esfuerzos en asegurar bienes inmuebles vinculados con la investigación para preservar activos que puedan responder por la reparación del daño.
“Las labores que se han realizado por parte de la Fiscalía son asegurar inmuebles y tratar de garantizar, insisto, la reparación del daño. Se han llevado a cabo varias audiencias en las que se garantizan y se gravan diversos inmuebles”, señaló.
El funcionario aclaró que, jurídicamente, la reparación del daño únicamente puede concretarse una vez que exista una sentencia condenatoria; sin embargo, recordó que antes de esa etapa existe la posibilidad de alcanzar una salida alterna mediante mecanismos de mediación entre las partes.
“Recordemos que la reparación del daño viene después de la sentencia. Se puede llevar a cabo una salida alterna mediante la mediación antes de que concluya el proceso penal”, explicó.
Durante la conferencia, la Fiscalía actualizó las cifras del caso y confirmó que actualmente existen 420 personas que han presentado denuncias como víctimas.
En conjunto, los afectados reclaman un monto cercano a 1,100 millones de pesos, además de 3.7 millones de dólares, cantidades que continúan siendo analizadas dentro de las investigaciones financieras y patrimoniales.
El vicefiscal indicó que el crecimiento en el número de denuncias ha permitido dimensionar el impacto económico del caso, considerado uno de los expedientes más relevantes que actualmente investiga la institución.
Respecto al principal investigado, Luis Orozco informó que permanece activa la coordinación con autoridades federales e internacionales para lograr su localización.
Precisó que la Fiscalía General de la República, a través de su área de Asuntos Internacionales, mantiene la cooperación con organismos de otros países para ubicar al presunto responsable fuera del territorio nacional.
“Continúa la coordinación y cooperación por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Dirección de Asuntos Internacionales para la búsqueda de esta persona en otras partes del planeta distintas a este país”, informó.
Asimismo, confirmó que sigue vigente una alerta migratoria internacional, con el propósito de facilitar su localización y eventual detención en caso de ingresar o transitar por cualquier otro país.
“La alerta migratoria permanece activada para localizarlo en cualquier parte del mundo”, puntualizó.
La Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró que las investigaciones continúan tanto en el ámbito penal como en el patrimonial, con el objetivo de identificar más bienes susceptibles de aseguramiento, fortalecer las carpetas de investigación y garantizar que las víctimas puedan acceder a una eventual reparación del daño conforme avance el proceso judicial.
Las autoridades señalaron que seguirán informando sobre los avances del caso conforme se desarrollen las diligencias y las actuaciones judiciales correspondientes.




