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MONTERREY, NL., 23 de septiembre de 2026.- El precio de 27 pesos por litro de diésel está provocando que algunas estaciones de servicio ubicadas en zonas rurales operen con pérdidas, lo que representa un golpe financiero para el sector, advirtió Ricardo Quiroz Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).
Tras inaugurar ExpoGas Monterrey 2026, el empresario señaló que el acuerdo para mantener congelado el precio del combustible podría ser difícil de sostener durante mucho tiempo, ante los cambios en el mercado internacional.
“Ahorita con lo que se está sumando a la ecuación, el tema de que ya no va a haber exportaciones por parte de Estados Unidos, yo no veo personalmente que se pueda sostener mucho tiempo”, comentó.
Quiroz Hernández recordó que el acuerdo tiene, según lo señalado, una vigencia hasta marzo del próximo año, debido a que se trata de pactos establecidos por periodos de aproximadamente seis meses.
“Este pacto se acordó y creo que tiene vigencia hasta marzo del siguiente año. Son pactos de seis meses, pero sí se ve muy complejo el panorama”, expresó.
A esta situación se suma la carga regulatoria que enfrentan las estaciones de servicio, las cuales deben cumplir con más de 100 requerimientos y trámites al año ante autoridades municipales, estatales y federales.
El presidente de la AMPES estimó que el cumplimiento de estos procesos representa un costo cercano a dos pesos por cada litro de combustible vendido.
“Hay que estar conscientes de que una estación de servicio debe de cumplir más de 100 requerimientos por año, tanto municipales, estatales, federales. Entonces, pues todo eso significa costos para ellos”, señaló.
Explicó que gran parte de la carga regulatoria corresponde a procesos federales relacionados con inspecciones, seguridad operativa, trazabilidad y controles volumétricos, entre otros requisitos para mantener las estaciones en funcionamiento.
Además, señaló que existe duplicidad de trámites entre los distintos niveles de gobierno, como ocurre con los estudios de impacto ambiental, que deben realizarse ante autoridades municipales, estatales y federales.
Quiroz Hernández consideró que la combinación de costos regulatorios y las condiciones actuales del mercado representa un reto adicional para las estaciones de servicio, particularmente aquellas que operan en zonas rurales.




