Defensa histórica de Nuevo León reduce reclamación del caso Monterrey VI a 32 mdp

MONTERREY, NL., 17 de febrero de 2026.- El Gobierno del Estado de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) lograron una resolución favorable dentro del procedimiento arbitral relacionado con el proyecto Monterrey VI, al reducir una reclamación económica de tres mil 400 millones de pesos a únicamente 32 millones de pesos.

El resultado se dio en el marco de un complejo arbitraje comercial promovido por un consorcio, que originalmente demandaba al estado el pago de 3.4 mil millones de pesos por presuntos daños y perjuicios derivados de la no concreción del Contrato de Asociación Público-Privada (CAPP) vinculado a dicho proyecto hidráulico.

De acuerdo con la información oficial, la estrategia de defensa jurídica fue implementada y supervisada por Javier Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, quien encabezó una postura firme basada en la inexistencia de los daños reclamados, argumentando que el contrato nunca entró en vigor debido al incumplimiento por parte del propio consorcio demandante.

La defensa institucional sostuvo que, al no haberse activado formalmente el contrato, no podían configurarse los supuestos perjuicios millonarios que este pretendía cobrar al erario estatal. Tras el análisis del caso, el fallo arbitral determinó que únicamente eran procedentes 32 millones de pesos por daños comprobables, cifra significativamente menor a la inicialmente reclamada.

Con esta resolución, el estado evitó el desembolso de más de tres mil 368 millones de pesos de recursos públicos, lo que representa uno de los resultados jurídicos más relevantes en materia financiera para la actual administración.

El día de ayer, Eduardo Ortegón Williamson, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, firmó el convenio legal que da por concluido el procedimiento arbitral en condiciones calificadas como altamente favorables para el organismo operador del agua.

Autoridades estatales destacaron que este desenlace es muestra del compromiso del Gobierno de Nuevo León con la defensa responsable de los intereses públicos y la protección del patrimonio estatal, particularmente en proyectos de alto impacto como Monterrey VI, que en su momento generó amplia controversia.

La resolución marca el cierre de un capítulo legal complejo y refuerza la postura institucional de actuar con firmeza jurídica ante reclamaciones que puedan afectar las finanzas públicas del estado.