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MONTERREY, NL., 30 de abril de 2026.- El Gobierno de Nuevo León inició el programa Declaramóvil 2026, con el arranque del proceso de Declaración Patrimonial y de Intereses en su modalidad de modificación, correspondiente al mes de mayo, informó la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
La estrategia busca facilitar el cumplimiento de esta obligación legal entre los servidores públicos mediante asesoría, acompañamiento y herramientas tecnológicas que permitan realizar el trámite en tiempo y forma.
La titular de la dependencia, María Teresa Herrera Tello, señaló que la declaración patrimonial constituye un mecanismo clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
"Es una obligación legal, sí, pero también es una muestra clara de integridad, transparencia y compromiso con la ciudadanía. Cada dato actualizado permite vigilar la congruencia entre el ejercicio del cargo y la evolución patrimonial.
"Cada servidor público que cumple envía un mensaje contundente: en Nuevo León el servicio público se ejerce con honestidad y de cara a la sociedad. Por eso debemos decirlo con toda claridad: la declaración patrimonial es una herramienta real en el combate a la corrupción", señaló Herrera Tello.
Indicó que este ejercicio permite vigilar la congruencia entre el desempeño del cargo y la evolución patrimonial de quienes integran la administración pública, además de prevenir irregularidades, inhibir el abuso de poder y detectar posibles conflictos de interés.

Como parte del programa, la Contraloría informó que se ha capacitado a más de 16 mil 100 servidores públicos, y que en 2025 se alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 98.5 por ciento por dependencia.
En esta edición, se incorporó la herramienta digital DeclaraBOT, que ofrecerá atención continua las 24 horas, con orientación para el llenado de la declaración y la posibilidad de agendar sesiones virtuales con personal especializado.
De acuerdo con la autoridad, estas acciones buscan reducir obstáculos en el proceso, incrementar la eficiencia y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el ejercicio del servicio público.





