Lleva Félix Arratia multas del Instituto Estatal de Transparencia a la Suprema Corte

MONTERREY, NL., 3 de marzo de 2026.- El municipio de Juárez que encabeza el alcalde Félix Arratia Cruz promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la legalidad de diversas multas y requerimientos emitidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León.

La acción se da en el contexto de la reforma constitucional federal en materia de transparencia publicada en diciembre de 2024 y de la nueva Ley General de marzo de 2025, que modificaron el diseño institucional del sistema nacional de acceso a la información y ordenaron a las entidades federativas armonizar su marco jurídico.

Arratia Cruz sostuvo que las sanciones impuestas por el organismo estatal responden a criterios alejados del objetivo central de garantizar el derecho de acceso a la información y advirtió que, mientras no exista una armonización legislativa concluida por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, persiste un escenario de incertidumbre jurídica sobre el alcance de sus facultades, ya que por mandato constitucional se ordenó su extinción.

“En Juárez no estamos en contra de la transparencia; estamos a favor de que se aplique con legalidad, certeza y sin sesgos. La ley debe ser clara para todos y no puede prestarse a interpretaciones que vulneren la autonomía municipal”, afirmó el edil.

El Ayuntamiento argumenta que la continuidad de multas y medidas de apremio, en medio de un proceso de adecuación constitucional inconcluso, podría carecer de sustento actualizado y afectar la autonomía que el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios.

Aunque las sanciones fueron dirigidas formalmente a una funcionaria municipal, la administración de Juárez sostiene que sus efectos impactan en la operación institucional y en la hacienda pública, comprometiendo recursos que deben destinarse a atender necesidades prioritarias de la población.

“Juárez necesita inversiones que transformen la vida de nuestra gente. Cada peso debe traducirse en obras y servicios, no en burocracia excesiva. Si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a la construcción de un nuevo hospital para nuestras familias, el impacto sería inmediato y tangible”, subrayó Arratia Cruz.

En la controversia se solicita que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de los actos impugnados, determine si existe omisión legislativa del Congreso local y, en su caso, invalide las multas cuestionadas. Asimismo, se pidió la suspensión de los actos para evitar afectaciones económicas y administrativas mientras se resuelve el fondo del asunto.

La resolución del Alto Tribunal podría definir los límites de actuación de los organismos garantes locales frente a los municipios y brindar mayor certeza jurídica tras la reciente reforma nacional en materia de transparencia. Con esta acción, Juárez reiteró su postura de defender la autonomía municipal y asegurar que los recursos públicos se utilicen en beneficio directo de la población.