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MONTERREY, NL., 17 de diciembre de 2025.- Durante la emisión de este miércoles de Nuevo León Informa, el director del Instituto de la Vivienda del Estado, Eugenio Montiel Amoroso, dio a conocer las acciones emprendidas por el Gobierno estatal en materia de regularización dela tenencia de la tierra, así como los compromisos rumbo al cierre de la actual administración.
Al encabezar la presentación, Montiel Amoroso explicó que la regularización de asentamientos humanos es uno de los temas más sensibles para el estado, ya que se trata, en su mayoría, de zonas con alta vulnerabilidad económica y social, caracterizadas por la informalidad y, en muchos casos, por la carencia de servicios básicos.
“El objetivo es incorporar al desarrollo urbano aquellas zonas que puedan ser ocupadas de manera formal, darles vocación habitacional y garantizar a las familias la legalidad en la tenencia de la tierra”, señaló el funcionario.
Indicó que la proliferación de asentamientos irregulares obedece, entre otros factores, al crecimiento natural de las familias, la falta de acceso a créditos o financiamientos formales y la ausencia, durante años, de nuevas ofertas de lotes por parte de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda. A ello, añadió, se suma el lucro de algunos actores que aprovechan la necesidad de las personas, así como una histórica complacencia de ciertas autoridades municipales.
Montiel Amoroso destacó que el proceso de regularización es complejo, ya que implica más de 63 trámites sustentados en al menos 13 normas jurídicas, además de la participación de los tres niveles de gobierno, propietarios de los predios, liderazgos comunitarios y los propios beneficiarios. Subrayó que, pese a ello, los asentamientos irregulares reciben el mismo tratamiento que un fraccionamiento nuevo, aun cuando sus características son completamente distintas.
Ante este panorama, al inicio de la administración se impulsó un programa interinstitucional para la regularización de los asentamientos humanos, encabezado por el Gobernador del Estado. Como resultado, se han firmado 39 convenios de colaboración con 34 municipios y diversas dependencias, con el fin de sumar esfuerzos y voluntades políticas.
En cuanto al diagnóstico estatal, el director del Instituto de la Vivienda detalló que en 2022 se tenía una estimación preliminar de 512 asentamientos irregulares. Tras más de tres años de investigación, se confirmó la existencia de 425 asentamientos plenamente identificados y ubicados, los cuales fueron clasificados según su viabilidad.
De ellos, 78 presentan problemáticas menores y podrían regularizarse si se cumplen las condiciones con las autoridades municipales; 211 enfrentan dificultades sociales, técnicas o jurídicas que podrían superarse mediante esfuerzos interinstitucionales; mientras que 136 no son regularizables, ya que 126 se localizan en zonas de riesgo y 10 en áreas naturales protegidas.
Finalmente, Montiel Amoroso destacó la creación del Atlas de Asentamientos Humanos Irregulares, al que calificó como un legado de la actual administración y una herramienta clave para las futuras gestiones, al permitir una mejor planeación y toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y prevención de riesgos, especialmente en zonas como las laderas de los cerros del área metropolitana, donde incluso se han registrado incidentes que han obligado a reubicaciones de emergencia.




