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MONTERREY, NL., 3 de junio de 2026.- Con el objetivo de dar cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fortalecer las garantías de legalidad y debido proceso en materia de responsabilidades administrativas, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
El legislador explicó que la propuesta surge a partir de una controversia constitucional promovida por el municipio de San Pedro Garza García, mediante la cual se señaló una omisión legislativa en el diseño actual de la normativa estatal.
La iniciativa busca que sea la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa la instancia encargada de conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
“Estoy presentando una iniciativa para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ordena, a la Comisión de Justicia, que modifiquemos la Ley de Responsabilidades Administrativas para que las salas especializadas de los tribunales, cuando haya alguna controversia, la tengan que turnar al nivel superior”, señaló Caballero Gaona.
El diputado afirmó que la reforma permitirá fortalecer los mecanismos de revisión dentro del sistema de justicia administrativa.
“Con esta reforma garantizamos una segunda instancia efectiva, fortalecemos la certeza jurídica y cumplimos con una resolución de la Suprema Corte que busca asegurar una justicia administrativa más imparcial y acorde con los principios constitucionales”, destacó.
La propuesta, presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local, contempla modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios, incluyendo reformas a los artículos 18 y 196, así como la adición y derogación de distintas fracciones para armonizar el marco jurídico vigente.
De acuerdo con el legislador, los cambios también permitirán una distribución más clara de competencias entre la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Caballero Gaona subrayó que la adecuación de la legislación estatal a los criterios emitidos por la Suprema Corte es fundamental para fortalecer las instituciones y garantizar el respeto al Estado de Derecho.
“Es necesario fortalecer las instituciones, respetar el Estado de Derecho y adecuar la legislación estatal a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.




