Propone Gabriela Govea crear delito de fraude automotriz en Nuevo León

MONTERREY, NL., 2 de septiembre de 2026.- La diputada local del PRI, Gabriela Govea López, propuso incorporar al Código Penal de Nuevo León el delito de fraude automotriz, con sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes reciban anticipos o pagos por vehículos o financiamientos y no entreguen las unidades en el plazo acordado sin una causa justificada.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 391 Bis al Código Penal para establecer una pena de cuatro a 12 años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con la propuesta, el nuevo delito aplicaría a quienes, sin contar con autorización legal, ofrezcan vehículos, financiamientos o planes de pago y reciban anticipos o mensualidades sin cumplir con la entrega del automóvil en los términos pactados.

La legisladora también planteó establecer agravantes cuando para cometer el ilícito se utilicen oficinas simuladas, se recurra a publicidad digital de créditos, la conducta se realice de manera sistemática o se amenace o coaccione a las personas que denuncien.

“En el Código Penal también se contemplan agravantes cuando para cometer el ilícito se utilicen oficinas simuladas, se emplee publicidad digital de los créditos, la conducta se realice de manera sistemática o se amenace o coaccione a quienes denuncien”, señaló.

Como parte del paquete de modificaciones, Govea López propuso reformar los artículos 45 Bis y 45 Bis 1 de la Ley de Protección a los Consumidores, con el objetivo de establecer mayores controles para quienes participen en la comercialización y financiamiento de vehículos.

Entre las medidas planteadas se encuentra la obligación de que las personas físicas o morales que ofrezcan vehículos, financiamiento automotriz o planes de pago cuenten con un registro vigente ante la autoridad financiera competente.

“La propuesta contempla establecer la obligación de que las personas físicas o morales que ofrezcan vehículos, financiamiento automotriz o planes de pago cuenten con un registro vigente ante la autoridad financiera competente”, detalló.

La iniciativa también contempla prohibir la oferta de créditos automotrices sin la autorización correspondiente y considerar como práctica abusiva la simulación de convenios con agencias o plataformas de venta.

Govea López señaló que este tipo de operaciones han generado afectaciones económicas para familias que entregan recursos como parte de procesos de adquisición o financiamiento de vehículos.

“Estas prácticas han derivado en afectaciones económicas graves para cientos de familias y en una carga significativa para las autoridades investigadoras”, expuso durante su intervención en tribuna.

La diputada sostuvo que la ausencia de disposiciones específicas y de controles administrativos permitiría que negocios sin autorización puedan captar recursos mediante esquemas relacionados con la venta o financiamiento de automóviles.

“Ante la magnitud del problema y la reiteración de los casos, resulta indispensable establecer mecanismos que permitan prevenir estas conductas, fortalecer la supervisión y garantizar una mayor seguridad jurídica para quienes realizan operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos”, sostuvo.

La propuesta deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente para su análisis en comisiones y, en su caso, avanzar posteriormente a su discusión y votación ante el Pleno del Congreso local.