Propone Gobierno NL endurecer sanciones por abuso de autoridad y cohecho

MONTERREY, NL., 27 de marzo de 2026.- Para fortalecer el combate a la corrupción y responder a diversas quejas del sector empresarial, el Gobierno del Estado presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las sanciones contra servidores públicos que incurran en abuso de autoridad y cohecho.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que la propuesta surge tras reuniones con cámaras empresariales y autoridades, donde se expusieron inquietudes relacionadas principalmente con conductas irregulares en el ámbito público.

“Venimos a presentar una iniciativa que surge a partir de algunas quejas y peticiones que hemos escuchado de algunas cámaras”, señaló el funcionario.

La iniciativa contempla aumentar hasta nueve años de prisión las penas por abuso de autoridad, además de duplicar las multas e incluir la destitución del cargo y la inhabilitación de hasta 13 años para ejercer funciones públicas.

En cuanto al delito de cohecho, se plantea elevar las sanciones hasta 14 años de cárcel, así como la destitución e inhabilitación de los responsables, pudiendo alcanzar hasta 21 años de prisión en casos de reincidencia.

“Lo que propone esta iniciativa es incrementar a nueve años de prisión para cualquier abuso de autoridad, duplicar la multa y que aparte se incluya la destitución y la inhabilitación hasta por 13 años”, explicó Flores Serna.

“Al igual que para el tema de cohecho, llevar la prisión hasta 14 años y […] 21 años de prisión, en caso de reincidencia”.

El funcionario detalló que, aunque muchas de las quejas se concentran en temas de tránsito municipal, la reforma busca aplicarse de manera general a todos los niveles de gobierno.

Como parte de la estrategia, se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente entre autoridades y representantes empresariales, la cual sesionará mensualmente para dar seguimiento a denuncias y prevenir actos irregulares.

Flores Serna subrayó que existe instrucción directa del Ejecutivo estatal para atender estas problemáticas con prontitud, y aseguró que los casos serán analizados conforme a derecho, sin sesgos ni politización.

Finalmente, expresó confianza en que la coordinación entre gobierno y sector productivo permitirá mejorar la atención a denuncias y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.