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MONTERREY, NL., 6 de octubre de 2026.- Para fortalecer la protección de las personas adultas mayores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Linares, propuso crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias en Nuevo León.
La iniciativa plantea incorporar un nuevo capítulo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el objetivo de concentrar la información de deudores y acreedores alimentarios y facilitar la protección y restitución de los derechos de las personas mayores.
“Las personas adultas mayores pueden tener el carácter de acreedores alimentistas, es necesario ejercer por todos los medios posibles el evitar riesgos en su incumplimiento y acotar de igual manera en todo lo posible a fin de garantizar este derecho”, señaló.
La propuesta establece que el registro deberá actualizarse mensualmente y que la información sobre deudores morosos podrá ser consultada conforme a las disposiciones de protección de datos personales. El Poder Judicial del Estado sería responsable de proporcionar y actualizar la información correspondiente.
Entre las medidas contempladas se encuentra la expedición de certificados de no inscripción, que podrían ser solicitados para trámites como la obtención de licencias y permisos de conducir, candidaturas a cargos de elección popular, aspiraciones a cargos judiciales y determinados actos ante notario.
También se plantea que, al solicitarse un matrimonio, el Registro Civil informe si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro y cuál es la situación de sus obligaciones alimentarias.
La iniciativa contempla además mecanismos para evitar que un deudor alimentario moroso pueda evadir el cumplimiento de sus obligaciones mediante la salida del país, cuando exista un riesgo determinado por la autoridad judicial.
“Con esta propuesta se busca reforzar las herramientas jurídicas e institucionales para que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a recibir alimentos y contar con condiciones dignas durante esta etapa de su vida”, agregó Linares.
En caso de aprobarse, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León tendría hasta 180 días hábiles para implementar el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias. Posteriormente, las autoridades estatales y municipales contarían con plazos para armonizar sus reglamentos y disposiciones.




