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MONTERREY, NL., 12 de marzo de 2026.- Con el propósito de reducir los tiempos en los procesos por incumplimiento de pensión alimenticia y evitar duplicidad de trámites legales, la diputada local del PAN, Claudia Caballero Chávez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 280 del Código Penal del Estado.
La legisladora explicó que actualmente quienes buscan exigir el pago de alimentos enfrentan un procedimiento largo y complejo, ya que deben transitar por procesos tanto en juzgados familiares como penales, lo que puede prolongar los casos durante varios años.
Acompañada por el abogado Patricio Martínez Brito, Caballero Chávez señaló que este esquema genera un laberinto jurídico que obliga a las familias a duplicar esfuerzos y gastos, además de afectar a los menores que dependen de estos recursos.
Detalló que aunque un juez de lo familiar determine el pago de una pensión, si el deudor incumple, la persona afectada no puede proceder de inmediato por la vía penal. Primero debe iniciar un juicio de ejecución de alimentos para definir la deuda exacta y esperar la resolución de recursos legales como amparos y revisiones.
Este procedimiento adicional puede extenderse entre dos y tres años más, lo que en algunos casos provoca que el proceso completo alcance hasta siete años.
"Es como correr una carrera y que al final te digan que tienes que volver a correrla al revés para darte la medalla", expresó la diputada.
La propuesta plantea que, una vez fijada la pensión por un juez familiar y registrado un incumplimiento de al menos 30 días, la parte afectada pueda acudir directamente a la vía penal utilizando la sentencia familiar como prueba.
De aprobarse, la reforma permitiría reducir significativamente la duración de los procesos y evitar trámites duplicados, además de disminuir los costos legales para las familias.
La legisladora también señaló que acortar los tiempos ayudaría a evitar prácticas como ocultar bienes, simular despidos o reducir ingresos para evadir el pago de la pensión.
Caballero Chávez subrayó que la intención de la iniciativa no es castigar con cárcel a los padres, sino garantizar que los recursos destinados a los menores lleguen de forma oportuna.
De acuerdo con datos presentados por la diputada, entre enero y septiembre de 2025 se iniciaron 604 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones alimentarias en Nuevo León, aunque se estima que la cifra real podría ser mayor debido a que muchas personas abandonan los procesos por los costos legales.
Finalmente, anunció que se realizarán mesas de trabajo para revisar los aspectos técnicos de la reforma y enriquecer la propuesta antes de su eventual discusión en el Congreso.




