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MONTERREY, NL., 2 de octubre de 2025.- Tras la detención en España de Víctor Hugo N, socio de la financiera Peak Investment Fund Management, acusada de defraudar a cerca de 100 inversionistas por un monto aproximado de 800 millones de pesos, abogados de las víctimas anunciaron que iniciarán el rastreo internacional del dinero presuntamente desviado por la firma.
El arresto, llevado a cabo por la Interpol luego de que en julio se emitiera una ficha roja en su contra, fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Las autoridades mexicanas ya trabajan en coordinación con sus pares en España para lograr la extradición o expulsión del presunto defraudador.
De acuerdo con los abogados de los afectados, tanto las cuentas de Peak como las de sus socios fundadores se encuentran vacías en territorio mexicano, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible transferencia de fondos al extranjero.
“Vamos a solicitar el rastreo del dinero de los inversionistas en España, pero también su traslado a México”, señaló el abogado Roberto Canto Madrigal, representante legal de uno de los inversionistas más afectados, quien confió a la firma cerca de 50 millones de pesos.
El despacho Guerrero Canto Abogados, junto con otros representantes legales, ha solicitado la colaboración de autoridades financieras en España, Estados Unidos y Canadá para localizar cuentas bancarias, propiedades y otros activos que podrían estar vinculados a los recursos defraudados.
El abogado Clemente Jiménez Sánchez, parte de un equipo legal que representa a 72 inversionistas, indicó que el proceso podría acelerarse si el detenido renuncia a su derecho a un juicio de extradición.
“Si se somete voluntariamente a la justicia mexicana, podría estar en el país en un plazo de entre 15 días y un mes. Pero si se opone, el proceso podría alargarse de seis meses a un año”, explicó.
Una alternativa más rápida, señalaron los abogados, sería que las autoridades españolas decidan su expulsión por cuestiones migratorias, lo que permitiría su traslado inmediato a México bajo custodia.
Peak Investment Fund Management fue fundada en 2022 por Arturo González —quien actualmente permanece prófugo— y Víctor Hugo N. Ofrecía a los inversionistas rendimientos de 18 por ciento anual y hasta 12 por ciento semestral, muy por encima de las tasas de rendimiento del mercado formal, como los CETES, que en ese momento ofrecían alrededor del 7 por ciento.
El caso ha sido judicializado desde el 12 de febrero de este año, cuando un juez de control determinó que las pruebas aportadas por la fiscalía y los abogados de las víctimas eran suficientes para vincular a proceso a los socios de la firma.
“Nuestro objetivo también es que se castigue a los dos responsables por el fraude, que se les imponga la pena de prisión y que reparen el daño causado”, subrayó Canto Madrigal.
Se estima que la reparación del daño podría derivar en condenas de hasta 15 años de prisión para los involucrados, además del decomiso de activos que puedan ser localizados dentro o fuera del país.




